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Para Bolivia, el Gobierno de EEUU "no tiene moral" para hablar de respeto a los derechos humanos
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El Departamento de Estado del Gobierno de Joe Biden presentó un informe, según el cual se vulneran los derechos de la expresidenta de facto Jeanine Áñez. En... 15.04.2022, Sputnik Mundo
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El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos publicó un informe en el cual se pronuncia sobre la situación de los derechos humanos en varios países del mundo. En el caso de Bolivia, consideró que la expresidenta de facto Jeanine Áñez está presa injustamente, por las presiones que ejercería el Gobierno de Luis Arce sobre la justicia local, a la cual el documento describe como dispuesta a recibir sobornos y cometer actos de corrupción.La respuesta del Gobierno de Arce no se hizo esperar. Además de subrayar la injerencia de EEUU en la política interna de Bolivia, destacó que la nación del norte "no tiene moral" para hablar de los derechos humanos de otros países, si se toma en cuenta su larga trayectoria de intervenciones en territorios cuyos gobiernos no obedecieron sus directivas.En diálogo con Sputnik, el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, sostuvo que mediante su informe el Gobierno de EEUU "nuevamente comete injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Bolivia, por respeto a su soberanía y a su autodeterminación, no permite ninguna injerencia de terceros países".Por este motivo, el vicecanciller se reunió con el Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Jarahn Hillsman, a quien le transmitió que "el informe del Departamento de Estado va contra toda norma de derecho internacional, diciendo qué debemos y qué no debemos hacer".Para el Gobierno boliviano, el informe sobre derechos humanos de EEUU carece de validez: "Somos respetuosos de informes oficiales de organismos multilaterales, como el Sistema de las Naciones Unidas, o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".Por este motivo, "de forma categórica hemos rechazado este informe", aseguró Mamani. En cuanto al Encargado de Negocios de EEUU en La Paz, "se ha comprometido a comunicar al Departamento de Estado la posición de Bolivia".Un informe desequilibradoEl vicecanciller indicó que el informe de EEUU es sesgado, ya que "no recoge ninguno de los elementos que tienen los organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional" sobre los delitos que habría cometido Áñez (2019-2020), previos y posteriores a su autoproclamación como presidenta del Estado Plurinacional, luego del derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).Y detalló: "Este informe manipula datos para construir una narrativa negativa, en contradicción con los informes reconocidos por la comunidad internacional", mencionó en referencia al documento elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a partir de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mismo Gobierno de Áñez, en diciembre de 2019.Qué dice el informeSegún el informe de EEUU, no habría ningún motivo para enjuiciar a Añez, ni siquiera por las 38 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, en el marco del decreto 4078 —firmado por la entonces presidenta— que permitía a los uniformados el uso de munición letal contra la población, sin que deban responder a la justicia por ello.En otro tramo, menciona que no es viable llevar a Áñez a juicio, ya que los funcionarios de este poder son "vulnerables al soborno y la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales".Y sostiene que los funcionarios del Gobierno de Arce "respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, los jueces y fiscales practicaban la autocensura al dictar sentencias para evitar ser objeto de hostigamiento verbal y legal por parte del Gobierno".Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021. En estos días se desarrolla el juicio denominado Golpe de Estado II, que analiza las condiciones en las cuales asumió la presidencia ilegalmente la expresidenta, actualmente presa en la cárcel de Miraflores, en La Paz.En los próximos meses debería iniciar el juicio por el caso Golpe de Estado I, que sopesará los crímenes cometidos por el Gobierno de facto una vez asumido, entre los cuales se cuentan las masacres de Sacaba y de Senkata.Para el informe de EEUU, es irregular que el ministro de Gobierno y el Jefe de la Policía hayan coordinado el arresto de Áñez: "Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Áñez, para supervisar su arresto".En este sentido, el vicecanciller observó que este informe "nada habla sobre la ruptura del orden constitucional en 2019, ni del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armas letales contra los movilizados. No habla absolutamente nada de los niveles de corrupción ni de las graves violaciones de derechos humanos, ni de las detenciones arbitrarias", lo cual sí está incluido en el documento final del GIEI.Un informe sin validezPara el vicecanciller, este documento "no tiene ninguna validez legal para los organismos internacionales, ni para el Estado Plurinacional de Bolivia. Lo que sí, el informe obviamente eleva el tono a los políticos de la oposición, así como a los grupos conservadores de nuestro país", evidenció.Para Mamani, un informe de este tipo es propio "de los países imperialistas capitalistas, que obviamente tienen identificados a los países que no son favorables a su política exterior, por ello utilizan este tipo de mecanismos".La relación entre EEUU y Bolivia es tirante desde 2008, cuando luego de un intento de golpe de Estado el entonces presidente Morales expulsó al embajador Phillip Goldberg, acusado de apoyar a la oposición para desgastar a su Gobierno.Desde entonces, ambos países intentan acercarse en el marco del respeto mutuo, como aclararon las autoridades bolivianas. Pero informes de este tipo implican un retroceso en este plan."Creemos que debemos seguir en los canales diplomáticos de diálogo y confianza mutua. Pero estos tipos de informes de alguna manera debilitan los mecanismos construidos a la fecha. En ese sentido, creemos que debe actuarse en el marco del respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no intromisión en asuntos internos", como establece la carta de las Naciones Unidas, comentó el vicecanciller.El país menos indicadoEl expresidente Morales dijo que EEUU "no tiene moral" para analizar la situación de los derechos humanos de otros países, cuando en varias ocasiones se lo descubrió avasallando a otros pueblos, generalmente por intereses comerciales."Entonces, un país que no ratifica las convenciones ¿cómo puede examinar a otros países? Aquí hay un doble rasero en política exterior para que nos digan qué debemos hacer y qué no, fundamentalmente en temas de derechos humanos, democracia y lucha contra el narcotráfico", sostuvo el vicecanciller."Las invasiones, las guerras que ha generado EEUU en Irak, Afganistán, Siria, Libia, hasta lo que sufren nuestros hermanos palestinos. No hay moral de parte del Gobierno de EEUU para referirse a temas de derechos humanos", aseguró Mamani.
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El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos publicó un informe en el cual se pronuncia sobre la situación de los derechos humanos en varios países del mundo. En el caso de Bolivia, consideró que la expresidenta de facto
Jeanine Áñez está presa injustamente, por las presiones que ejercería el Gobierno de Luis Arce sobre la justicia local, a la cual el documento describe como dispuesta a recibir sobornos y cometer actos de corrupción.
La respuesta del Gobierno de Arce no se hizo esperar. Además de subrayar la injerencia de EEUU en la política interna de Bolivia, destacó que la nación del norte "no tiene moral" para hablar de los derechos humanos de otros países, si se toma en cuenta su larga trayectoria de intervenciones en territorios cuyos gobiernos no obedecieron sus directivas.
25 de marzo 2022, 16:08 GMT
En diálogo con Sputnik,
el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, sostuvo que mediante su informe el Gobierno de EEUU "nuevamente comete injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Bolivia, por respeto a su soberanía y a su autodeterminación, no permite ninguna injerencia de terceros países".
Por este motivo, el vicecanciller se reunió con el Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia,
Jarahn Hillsman, a quien le transmitió que "el informe del Departamento de Estado va contra toda norma de derecho internacional, diciendo qué debemos y qué no debemos hacer".
31 de marzo 2022, 19:22 GMT
Para el Gobierno boliviano, el informe sobre derechos humanos de EEUU carece de validez: "Somos respetuosos de informes oficiales de organismos multilaterales, como el Sistema de las Naciones Unidas, o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Por este motivo, "de forma categórica hemos rechazado este informe", aseguró Mamani. En cuanto al Encargado de Negocios de EEUU en La Paz, "se ha comprometido a comunicar al Departamento de Estado la posición de Bolivia".
Un informe desequilibrado
El vicecanciller indicó que el informe de EEUU es sesgado, ya que "no recoge ninguno de los elementos que tienen los organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional" sobre los
delitos que habría cometido Áñez (2019-2020), previos y posteriores a su autoproclamación como presidenta del Estado Plurinacional, luego del derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
"Ese informe contiene varias contradicciones y maneja un doble estándar sobre la detención de Áñez", dijo Mamani. Por ello constituye "una intromisión incompatible con las normas del derecho internacional sobre la soberanía y autodeterminación de los pueblos".
14 de marzo 2022, 19:57 GMT
Y detalló: "Este informe manipula datos para construir una narrativa negativa, en contradicción con los informes reconocidos por la comunidad internacional", mencionó en referencia al documento elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a partir de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (
OEA) con el mismo Gobierno de Áñez, en diciembre de 2019.
Según el
informe de EEUU, no habría ningún motivo para enjuiciar a Añez, ni siquiera por las 38 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, en el marco del decreto 4078 —firmado por la entonces presidenta— que permitía a los uniformados el uso de munición letal contra la población, sin que deban responder a la justicia por ello.
"Las autoridades no proporcionaron ninguna evidencia para respaldar los cargos, aparte del hecho de que Áñez y los miembros de su gabinete dirigieron el gobierno de transición de octubre de 2019 a noviembre de 2020", dice en un parte del informe.
En otro tramo, menciona que no es viable llevar a Áñez a juicio, ya que los funcionarios de este poder son "vulnerables al soborno y la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales".
Y sostiene que los funcionarios del
Gobierno de Arce "respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, los jueces y fiscales practicaban la autocensura al dictar sentencias para evitar ser objeto de hostigamiento verbal y legal por parte del Gobierno".
28 de marzo 2022, 16:22 GMT
Áñez
fue detenida el 13 de marzo de 2021. En estos días se desarrolla el juicio denominado
Golpe de Estado II, que analiza las condiciones en las cuales asumió la presidencia ilegalmente la expresidenta, actualmente presa en la cárcel de Miraflores, en La Paz.
En los próximos meses debería iniciar el juicio por el caso
Golpe de Estado I, que sopesará los crímenes cometidos por el Gobierno de facto una vez asumido, entre los cuales se cuentan las masacres de Sacaba y de
Senkata.
Para el informe de EEUU, es irregular que el ministro de Gobierno y el Jefe de la Policía hayan coordinado el arresto de Áñez: "Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Áñez, para supervisar su arresto".
Y asegura: "La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el Gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real".
En este sentido, el vicecanciller observó que este informe "nada habla sobre la ruptura del orden constitucional en 2019, ni del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armas letales contra los movilizados. No habla absolutamente nada de los niveles de corrupción ni de las graves violaciones de derechos humanos, ni de las detenciones arbitrarias", lo cual sí está incluido en el documento final del GIEI.
Para el vicecanciller, este documento "no tiene ninguna validez legal para los organismos internacionales, ni para el Estado Plurinacional de Bolivia. Lo que sí, el informe obviamente eleva el tono a los políticos de la oposición, así como a los grupos conservadores de nuestro país", evidenció.
Para Mamani, un informe de este tipo es propio "de los países imperialistas capitalistas, que obviamente tienen identificados a los países que no son favorables a su política exterior, por ello utilizan este tipo de mecanismos".
12 de febrero 2022, 01:35 GMT
La
relación entre EEUU y Bolivia es tirante desde 2008, cuando luego de un intento de golpe de Estado el entonces presidente Morales expulsó al embajador Phillip Goldberg, acusado de apoyar a la oposición para desgastar a su Gobierno.
Desde entonces, ambos países intentan acercarse en el marco del respeto mutuo, como aclararon las autoridades bolivianas. Pero informes de este tipo implican un retroceso en este plan.
"Creemos que debemos seguir en los canales diplomáticos de diálogo y confianza mutua. Pero estos tipos de informes de alguna manera debilitan los mecanismos construidos a la fecha. En ese sentido, creemos que debe actuarse en el marco del respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no intromisión en asuntos internos", como establece la carta de las Naciones Unidas, comentó el vicecanciller.
El expresidente
Morales dijo que EEUU "no tiene moral" para analizar la situación de los derechos humanos de otros países, cuando en varias ocasiones se lo descubrió avasallando a otros pueblos, generalmente por intereses comerciales.
"Aquí es importante mencionar que EEUU tiene ratificados cinco instrumentos internacionales de derechos humanos, de los 18 que existen. Bolivia ha ratificado casi todos los instrumentos, tratados y convenciones en la materia", por lo cual forman parte del ordenamiento jurídico interno del país, destacó Mamani.
26 de febrero 2022, 15:59 GMT
"Entonces, un país que no ratifica las convenciones ¿cómo puede examinar a otros países? Aquí hay un doble rasero en política exterior para que nos digan qué debemos hacer y qué no, fundamentalmente en temas de derechos humanos, democracia y lucha contra el narcotráfico", sostuvo el vicecanciller.
"Las invasiones, las guerras que ha generado EEUU en
Irak,
Afganistán,
Siria,
Libia, hasta lo que sufren nuestros hermanos palestinos. No hay moral de parte del Gobierno de EEUU para referirse a temas de derechos humanos", aseguró Mamani.
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