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Argentina y el reto de un censo 2022 más diverso e inclusivo

© Foto : Facebook/INDEC ArgentinaCenso en Argentina
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El censo nacional, que debió ser postergado desde 2020 debido a la pandemia, se realizará en Argentina el 18 de mayo de 2022 y se podrá responder en línea a través de una encuesta digital previa. Se consultará sobre identidad de género, grupo familiar con parejas del mismo sexo y además sobre pertenencia a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Argentina definió recientemente un nuevo feriado para 2022. El miércoles 18 de mayo se realizará finalmente el demorado censo nacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), que fue aplazado dos años como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Por primera vez habrá una versión digital que se podrá completar a partir del 16 de marzo para responder parte del cuestionario por anticipado y disminuir el tiempo dedicado a cada domicilio por los 600.000 encuestadores que recorrerán puerta a puerta el país.
El formulario tendrá cinco páginas con 24 preguntas sobre las características socioeconómicas de la vivienda y composición del grupo familiar, además de otras 30 consultas correspondientes a cada integrante del hogar.

Identidad de género y diversidad familiar

Será el primer censo en incorporar preguntas acerca de la identidad de género de cada persona, diferenciado del sexo registrado al nacer. La pregunta sobre género tendrá nueve opciones: mujer trans, varón trans, mujer, varón, no binario, otra, ninguna de las anteriores, no contestar e ignorado.
"Es un gran avance. Es importante porque conceptualmente lo que hace esa pregunta es desnaturalizar que el sexo es lo que te dicen que es y va a enfatizar en que todos tenemos identidad de género, no solo las personas trans. Las personas no trans, es decir, cisgénero, también tienen identidad de género, solo que va a coincidir con su sexo", dijo a Sputnik Ricardo Vallarino, director ejecutivo de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos.
La encuesta será anónima y no se consultará sobre orientación sexual para garantizar la tranquilidad de las comunidades disidentes. El activista formado en filosofía y derechos humanos comentó que "estas cosas son sensibles porque, como históricamente hemos sido perseguidos por el Estado, algunas discusiones en la comunidad tienen que ver con el temor a ser identificados e individualizados para ser estigmatizados".
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También permitirá asentar los datos sobre grupos familiares de parejas del mismo sexo. En los censos anteriores al último —de octubre de 2010, meses después de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario— si el jefe o jefa de hogar daba cuenta de que su cónyuge o pareja era del mismo sexo, ese dato se consideraba como error y se descartaba.
"Arrojó datos que fueron muy pequeños pero que eran importantes por el valor simbólico de visibilizar a las familias de dos mujeres o varones, estuvieran casados o no. Ahora vamos a tener la primera serie histórica, más allá de que en el anterior están muy subrepresentados", añadió.
Vallarino destacó que es necesario que el Estado contemple la perspectiva LGBT, cuando realiza instrumentos de medición y toma datos, porque de otra manera no tiene herramientas para evaluar y tomar decisiones.
"Vamos a poder tener datos estadísticos no individualizados, cruzados por ingreso y zona geográfica, de personas que no son cis, que permitirá confirmar que las personas trans tienen menos acceso al trabajo y la educación, como venimos relevando desde la sociedad civil. Todas los relevamientos de las personas trans se han hecho en pruebas piloto y no hay ninguno de alcance nacional, es una oportunidad para tener un mapa más completo", dijo.

Visibilización, desmitificación y diseño de políticas

Además de esta incorporación relacionada a los derechos de diversidad sexual, el censo 2022 tendrá una pregunta sobre autopercepción étnica, que permitirá profundizar datos de valor estadístico sobre población históricamente discriminada racialmente en Argentina: pueblos originarios y afrodescendientes.
"Es la segunda vez que se incorpora la variante afrodescendiente en el censo nacional. La ventaja de esta ocasión es que, a diferencia del 2010, la pregunta va a estar presente en todo el territorio y no solo en los grandes conglomerados, lo cual es algo para celebrar", dijo a Sputnik Federico Pita, referente de la ONG Diafar (Diáspora Africana de la Argentina).
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Esta información es sumamente valiosa en el país austral, donde existe un racismo institucionalizado. En Argentina, la palabra negro es usada en tono peyorativo y las comunidades afrodescendientes —con antepasados traídos al continente americano como esclavos— y afroargentinas —que incluye a africanos naturalizados y su familia nacida en el país— han sido históricamente invisibilizadas y marginalizadas.
"El término afrodescendiente es políticamente correcto pero impreciso. Desde algunos sectores del activismo consideramos que el término amplio es afroargentinos, que abarca el conjunto de la negritud argentina, vinculada a la diáspora africana, tanto por migración como por la esclavitud. Pero en líneas generales, es un gesto positivo que se incorpore", matizó.
Datos más certeros permitirán dejar atrás mitos como que no hay negros porque murieron en guerras o por enfermedades, o la falsa noción de una ciudadanía de mayoría blanca, que hablar de población argentina es sinónimo de la descendiencia de la inmigración europea que llegó al país en barco entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX.
Unas 150.000 personas en Argentina se reconocieron como afrodescendientes en el último censo de 2010, pero se estima que hay más de dos millones, entre el 4 y 6% de la población.
Con respecto a los 36 pueblos originarios registrados oficialmente en el país, el mismo censo arrojó que había 955.000 personas que se consideraban indígenas o descendientes, pero se calcula que habría también cerca de dos millones.
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Así como sucede con las diversidades sexuales y de género —víctimas de desigualdades y discriminación— Pita destacó el valor de contar con información estadística para atacar problemáticas como el desempleo, precarización laboral, población carcelaria, violencia institucional o deserción escolar, que afectan a afrodescendientes y pueblos originarios, dos comunidades históricamente racializadas en el país.
"Fundamentalmente todo el ordenamiento de la administración pública en todos sus niveles sigue teniendo ausencias en relación a políticas específicas para estos sujetos y esta porción de la ciudadanía particular. Esto va a dar la posibilidad de construir políticas públicas que estén ajustadas a la realidad, que se ajustan a demandas de la sociedad y compromisos que el Estado asumió", resaltó.
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