El congelamiento de precios genera polémica en Argentina
00:31 GMT 28.10.2021 (actualizado: 21:04 GMT 02.06.2022)
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Comenzó en Argentina la supervisión en cadenas de supermercados para certificar el cumplimiento del congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo, respaldada por asociaciones de consumidores. Los grandes hipermercados, las cámaras empresariales y la oposición negaron que la medida sirva como paliativa a la inflación.
La Secretaría de Comercio Interior de Argentina puso en marcha una nueva herramienta de emergencia económica para influir en el poder adquisitivo sobre la canasta básica: el congelamiento de los precios de 1.432 productos alimenticios e higiénicos de consumo masivo, retroactivo a valores del 1 de octubre y por 30 días, por lo pronto.
Se trata de una nueva extensión del programa de Precios Cuidados —programa que establece un valor de referencia para ciertos insumos en supermercados minoristas, autoservicios y supermercados mayoristas—.
Pero esta vez, ante las críticas de las grandes productoras de alimentos —como Ledesma, Arcor y Molinos—, el Gobierno se reunió con gobernadores y recibió el apoyo de intendentes municipales y de organizaciones populares para coordinar el relevamiento presencial para certificar el cumplimiento.
Pero esta vez, ante las críticas de las grandes productoras de alimentos —como Ledesma, Arcor y Molinos—, el Gobierno se reunió con gobernadores y recibió el apoyo de intendentes municipales y de organizaciones populares para coordinar el relevamiento presencial para certificar el cumplimiento.
"Los acuerdos de precios sirven para incidir sobre la distribución del ingreso, que las marcas segmenten precios y queden algunos más bajos y accesibles para el público en general, y que estos funcionen como referencia para otros. No es discutir la inflación, es sobre todo una política de garantía alimentaria", dijo a Sputnik el economista y politólogo Nicolás Dvoskin.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que representa a 35 cámaras sectoriales y de más de 14.500 empresas, fue la primera en alzar la voz y asegurar que "no están garantizadas las condiciones para conciliar frente al pedido de estabilización de precios" y que "las políticas de congelamiento no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación".
Al reclamo se sumó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien consideró que la normativa provocará "desabastecimiento", en la medida que los productores no volverán a fabricar un producto si les produce pérdida. En el mismo sentido se expresó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y referente de la oposición a nivel nacional.
19 de octubre 2021, 18:44 GMT
La decisión de asegurar la estabilización de precios de un conjunto de productos, sobre todo alimentos, fue respaldada abiertamente por las asociaciones de defensa al consumidor de alcance nacional y por un grupo de economistas, además del conjunto del oficialismo.
📣APOYO DE MÁS DE 370 ECONOMISTAS A LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS 🇦🇷
— EPPA (@tuiteppa) October 27, 2021
💬“Para lograr que el crecimiento económico que estamos experimentando sea acompañado de una mejoría del poder de compra de la ciudadanía”
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Inflación, ganancias, ingresos
© Sputnik / Francisco Lucotti
Por la derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 12 de septiembre, interpretada como voto castigo a la pérdida del poder adquisitivo de la población, el Gobierno lanzó medidas de emergencia para revertir la crisis económica que vive la mayor parte de la población, con expectativas de mejorar los resultados en las comicios definitivos del 14 de noviembre a la par de la calidad de vida del electorado.
La inflación es un mal endémico multifactorial en Argentina y no hay perspectiva de que esta se reduzca. Las estimaciones son de cerca de 50% anual para 2021, mientras que el Presupuesto 2022 asume que será de 33% el año que viene.
19 de octubre 2021, 20:24 GMT
Los aumentos en el salario mínimo y las jubilaciones, así como otras medidas para robustecer el poder adquisitivo de la población compiten con los aumentos generalizados de los precios, a través de los que se pierde la recuperación de los ingresos. Los acuerdos de precios no son herramientas para bajar la inflación y mejorar la macroeconomía, sino que sirven para la redistribución, explicó Dvoskin.
El mayor conflicto del Gobierno es con el principal eslabón de las negociaciones, las más grandes cadenas de hipermercados, como Coto y Walmart, que pretenden mantener márgenes de ganancias de 30% entre lo que pagan a productores y lo que venden a mercados minoristas y al público.
"Lo que plantea el Gobierno ni siquiera es la discusión de los márgenes de ganancia de las empresas, no de fondo, sino la posibilidad de una canasta más accesible y que aumenten su rentabilidad por cantidad y no por tasa", comentó el académico y miembro de la Sociedad de Economía Crítica.
La política de supervisión ciudadana recibió la crítica de algunas agrupaciones de mercados minoristas y comercios de cercanía, no incluidos directamente en la medida, pero que temen pérdidas ante la imposibilidad de competir con precios bajos, y reclamaron que haya controles de precios al inicio de la cadena productiva y no al final.
21 de octubre 2021, 19:10 GMT
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, distrito donde vive un tercio de la población argentina y que incluye la mancha urbana que rodea la capital nacional, relevó un cumplimiento de 75% sobre los precios de los productos incluidos en el acuerdo en más de 60% de los supermercados relevados el fin de semana pasado, el primero en establecerse el control.
