Excanciller española afirma que acogida a Ghali fue "discreta" para no enfadar a Marruecos
17:00 GMT 08.10.2021 (actualizado: 17:21 GMT 08.10.2021)
© Sputnik / Virginia UzalBrahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática
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MADRID (Sputnik) — La exministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, declaró ante el juez que la entrada en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado mes de abril se hizo de forma "discreta" para tratar de evitar una respuesta negativa de Marruecos.
"Su llegada a nuestro país fue discreta porque la petición viene de un país tercero [Argelia], porque puede molestar a otro país [Marruecos], porque se trata de una persona con un perfil político y porque se trata de un señor enfermo, y por lo tanto hay que preservar su derecho a la intimidad", dijo González Laya el 4 de octubre en su declaración ante el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza.
González Laya está imputada junto a otros ex altos cargos del Gobierno –como su jefe de gabinete, por ejemplo– por presuntas irregularidades en la entrada de Ghali, que viajó a España el pasado mes de abril a través de la Base Aérea de Zaragoza para recibir tratamiento contra el COVID-19.
En concreto, el juez investiga si el Gobierno permitió su entrada sin presentar pasaporte, lo que vulneraría la normativa Schengen y podría ser constitutivo de delitos de encubrimiento y falsificación.
En el vídeo de su comparecencia ante el juez –hecho público el 8 de octubre por el diario El Confidencial– la exministra admite que "no se hizo ninguna verificación de su pasaporte", aunque puntualizó que no se consideró necesario, explicando que "cuando llega un avión de Estado de un país tercero, los procedimientos en las aduanas no son como cuando llega un ciudadano ordinario".
Asimismo, Laya admitió que no se hizo ninguna comprobación sobre la situación judicial de Ghali en España a pesar de que en aquellos momentos la Audiencia Nacional mantenía abiertas varias causas. Una de ellas — en la que una asociación saharaui pedía juzgarle por genocidio– fue cerrada el 4 de octubre .
"Yo nunca verifiqué la situación judicial de este individuo. Confié en la petición que hizo un país tercero, que es fundada en la buena fe, y así la respondí", dijo Laya antes de añadir que no lo consideró necesario. "¿Qué interés tiene un país tercero en enviarnos a una persona que está a punto de morir para que intentemos salvarle la vida si tiene alguna dificultad en nuestro país?", añadió.
Pese a admitir la falta de comprobaciones en cuanto a su situación administrativa y judicial, Laya se negó a ofrecer ningún detalle sobre quién tomo las decisiones relativas a la acogida de Ghali.
En varias ocasiones, la exministra se acogió a la Ley de Secretos oficiales y en secreto a un acuerdo secreto del Consejo de Ministros del año 2010 que no permite relevar determinadas informaciones relacionadas con la política exterior, un acuerdo cuyo contenido no es público.
La exministra invocó dicho acuerdo asegurando que su obligación es "guardar el deber de reserva y no exponer la manera en que España, en el ejercicio de su soberanía, toma sus decisiones políticas, porque sería tanto como desnudar una parte muy seria de nuestra política exterior".
En cualquier caso, Laya defendió que la decisión de acoger a Ghali se adoptó "dentro de los cauces de una decisión política" y que el hecho de que se llevara acabo con "discreción" no implica que hubiera "arbitrariedad, ilegalidad u ocultamiento" por parte del Gobierno.
Ghali recibió tratamiento médico en un hospital de La Rioja durante mes y medio, desde el 18 de abril hasta el 1 de junio, fecha en la que volvió a Argelia.
Pese a los intentos de España por no hacer pública su estancia en el país, esto acabó desatando una crisis diplomática con Marruecos, que decidió dejar de vigilar su lado de la frontera en los enclaves de Ceuta y Melilla los días 17 y 18 de mayo, provocando la entrada de casi 10.000 migrantes a suelo español en apenas 48 horas.
González Laya fue relevada de su cargo en julio –varios meses antes de ser imputada– como parte de la remodelación del Gobierno emprendida por el presidente Pedro Sánchez.