Por qué acusan de asistencialista la tarjeta Alimentar contra el hambre en Argentina
Por qué acusan de asistencialista la tarjeta Alimentar contra el hambre en Argentina
Sputnik Mundo
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se aumentará el universo de beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para incluir a todas las familias... 20.05.2021, Sputnik Mundo
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se aumentará el universo de beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para incluir a todas las familias en situación de vulnerabilidad con hijos e hijas menores de 14 años. Sin embargo, fue criticado por insistir en políticas de asistencialismo, que no resuelven los problemas y que incluso continúa beneficiando a los formadores de precios en lugar de promover el consumo en los comercios de los barrios.Sin negar la necesidad indispensable de medidas paliativas estatales para contener la pérdida del poder adquisitivo y la emergencia alimentaria vigente, los movimientos populares criticaron que la tarjeta Alimentar no genera lo verdaderamente necesario, que es trabajo digno y reconocido, en un país que tiene 40% de su fuerza productiva en la informalidad.La tarjeta Alimentar, a diferencia de otros programas de transferencia de ingresos, elude el dinero en efectivo, preferido por los comercios de los barrios populares, y fomenta la compra en las corporaciones, apuntadas por ser los principales marcadores de precios.Además, fomenta el consumo de productos industriales ultraprocesados, generadores de la epidemia de obesidad que vive la sociedad, y evade el impulso de las alternativas de menor escala ofrecidas por las cooperativas alimentarias de la economía popular y campesina."En el barrio, los almacenes populares no tienen posnet [terminal punto de venta] para trabajar con la tarjeta, y trabajamos con productos de la economía popular y de fábricas recuperadas. Esas marcas no llegan a los supermercados pero sí están en los comercios de los barrios. Es momento de cambiar la receta, si estamos hoy en Argentina donde estamos es por repetir las mismas recetas siempre y que no están funcionando", comentó Sánchez.Lluvia de críticasEl primer mandatario realizó el anuncio el 7 de mayo durante la reunión del Consejo Económico y Social, del que participaron los referentes de las principales organizaciones sociales, algunas vinculadas al Gobierno y otras no, pero autárquicas de la lógica de los grandes partidos políticos.Uno de los críticos fue Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien opinó que la tarjeta "es una política 'focalizada' de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puestos de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral".Por su parte, Emilio Pérsico —líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social— dijo en un vídeo grabado a la militancia que la tarjeta Alimentar "es pan para hoy pero hambre para mañana" y destacó que el mismo dinero hubiera representado la construcción de 260.000 viviendas. La inversión total representa el 0,7% del PBI argentino, unos 250.000 millones de pesos (2.670 millones de dólares).El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban Gringo Castro, comentó en entrevista radial que "todo lo que el Gobierno asiste se va por la canaleta de la concentración de la riqueza y la llevan al exterior de manera legal".Destacaron la importancia de reconocer el trabajo informal, de la economía popular y el de cuidados no remunerado. El Gobierno de Fernández creó en 2020 el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y la UTEP busca afiliar a su sindicato a alrededor de cuatro millones de argentinos. Asistencia y seguridad alimentariaArgentina acumula más de 10 años sin crecimiento económico, empeorado por la recesión con inflación anual de 50% inaugurada durante los cuatro años de gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) y ahora azotada por la pandemia. Hoy, 45% de la población está debajo de la línea de pobreza y es superior a 60% entre menores de edad.El país cuenta con virtualmente la mitad de su población en la pobreza a pesar de que hay 11% de desempleo, lo que evidencia que la crisis socioeconómica destruye año tras año la capacidad de sostener una vida digna: uno de cada cinco asalariados y uno de cada tres trabajadores totales no llega a cubrir la canasta básica familiar, que es hoy de 63.000 pesos mensuales (670 dólares).Esto se traduce en familias enteras que dependen cada vez más del apoyo del Estado a través de mecanismos de transferencia de ingresos además del apoyo de las organizaciones sociales, principales brazos de ayuda en comedores y de contención entre las poblaciones más golpeadas. La mayor parte de este esfuerzo es llevado adelante por mujeres, sin retribución de ingresos ni protección de seguro social por su trabajo no remunerado.Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, más de un millón de jóvenes no cuentan con acceso al sistema de protección social y 10% de los que deberían estar cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) no la reciben porque el sistema es punitivo cuando los padres o tutores de los niños tienen problemas para certificar las condicionalidades para acceder a ella.Los programas de transferencias condicionadas de ingresos o de protección social no contributiva se han impuesto en Latinoamérica como la principal forma de intervención de los Gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, mediante la garantía de cierto nivel básico mínimo de ingresos monetarios.En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva fue reconocido por reducir significativamente el hambre y la miseria con políticas como Bolsa Familia y el "Programa de Adquisición de Alimentos de la agricultura familiar para la merienda escolar" (PAA), distinguido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).En la región abundan los ejemplos de programas vigentes hasta la fecha: bonos Juancito Pinto y Madre Niño-Niña Juana Azurduy, en Bolivia; Seguridades y oportunidades - Ingreso Ético Familiar en Chile; Más Familias en Acción en Colombia; Bono de Desarrollo Humano en Ecuador; Tekoporâ en Paraguay; Juntos en Perú; y Plan Equidad y Tarjeta Social en Uruguay.En América Latina y el Caribe, el hambre afecta a 37 millones de personas (6,1% de la población), un avance significativo respecto de las 68,5 millones de personas (15,3%) que padecía privaciones alimentarias a comienzos de la década de 1990, según la FAO.Entre 1990 y 2014, la región como conjunto redujo en un 60% la proporción de subalimentación de su población y se convirtió en la única región del mundo en conseguir la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre fijada para 2015 por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, la decadencia de los Gobiernos de ímpetu socialista que destacaron durante el inicio del nuevo milenio y el regreso al poder en el subcontinente de presidencias orientadas al neoliberalismo, hoy reunidas bajo en el Grupo de Lima, comenzaron revertir la tendencia, que se resintió aún más con la pandemia: las economías de la región se contraerán 30% por la crisis sanitaria, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).La seguridad alimentaria es ahora un tema de agenda global. En octubre de 2020, se concedió el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y durante el Día Mundial de la Alimentación de la FAO algunas destacadas personalidades mundiales llamaron a buscar soluciones sostenibles de fondo al problema del hambre.Según la FAO, la región latinoamericana y caribeña aporta el 13% de la producción agrícola mundial, su sector agroalimentario contribuye en un 26% a las exportaciones totales, por lo que su aporte a la reducción del hambre mundial es indispensable. Habrá que ver si los gobernantes de los países pueden resolver sus déficits internos primero.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se aumentará el universo de beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para incluir a todas las familias en situación de vulnerabilidad con hijos e hijas menores de 14 años. Sin embargo, fue criticado por insistir en políticas de asistencialismo, que no resuelven los problemas y que incluso continúa beneficiando a los formadores de precios en lugar de promover el consumo en los comercios de los barrios.
Sin negar la necesidad indispensable de medidas paliativas estatales para contener la pérdida del poder adquisitivo y la emergencia alimentaria vigente, los movimientos populares criticaron que la tarjeta Alimentar no genera lo verdaderamente necesario, que es trabajo digno y reconocido, en un país que tiene 40% de su fuerza productiva en la informalidad.
"Son críticas constructivas, nos parece importante porque creemos que con esto no se soluciona el problema y aparte la plata termina en las manos de los mismos, en las grandes cadenas de supermercados, que todo el tiempo trabajan con la especulación de precios. Hoy comer es un lujo", dijo a Sputnik Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, movimiento social que nuclea alrededor de 3.000 personas.
La tarjeta Alimentar, a diferencia de otros programas de transferencia de ingresos, elude el dinero en efectivo, preferido por los comercios de los barrios populares, y fomenta la compra en las corporaciones, apuntadas por ser los principales marcadores de precios.
Además, fomenta el consumo de productos industriales ultraprocesados, generadores de la epidemia de obesidad que vive la sociedad, y evade el impulso de las alternativas de menor escala ofrecidas por las cooperativas alimentarias de la economía popular y campesina.
"En el barrio, los almacenes populares no tienen posnet [terminal punto de venta] para trabajar con la tarjeta, y trabajamos con productos de la economía popular y de fábricas recuperadas. Esas marcas no llegan a los supermercados pero sí están en los comercios de los barrios. Es momento de cambiar la receta, si estamos hoy en Argentina donde estamos es por repetir las mismas recetas siempre y que no están funcionando", comentó Sánchez.
El primer mandatario realizó el anuncio el 7 de mayo durante la reunión del Consejo Económico y Social, del que participaron los referentes de las principales organizaciones sociales, algunas vinculadas al Gobierno y otras no, pero autárquicas de la lógica de los grandes partidos políticos.
Uno de los críticos fue Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien opinó que la tarjeta "es una política 'focalizada' de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puestos de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral".
Por su parte, Emilio Pérsico —líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social— dijo en un vídeo grabado a la militancia que la tarjeta Alimentar "es pan para hoy pero hambre para mañana" y destacó que el mismo dinero hubiera representado la construcción de 260.000 viviendas. La inversión total representa el 0,7% del PBI argentino, unos 250.000 millones de pesos (2.670 millones de dólares).
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban Gringo Castro, comentó en entrevista radial que "todo lo que el Gobierno asiste se va por la canaleta de la concentración de la riqueza y la llevan al exterior de manera legal".
Destacaron la importancia de reconocer el trabajo informal, de la economía popular y el de cuidados no remunerado. El Gobierno de Fernández creó en 2020 el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y la UTEP busca afiliar a su sindicato a alrededor de cuatro millones de argentinos.
"El asistencialismo, los mal llamados planes sociales, nosotros los reconvertimos en salario social complementario, que es una base para el trabajador y la trabajadora, porque todos trabajamos, pero acá en Argentina crece de manera informal, no somos laburantes registrados. Apostamos a ser reconocidos, porque no tenemos vacaciones pagas, no tenemos obra social, seguro de trabajo, ningún derecho laboral. Esta economía popular llegó para quedarse, existe y hay que darle derechos", comentó Sánchez.
Asistencia y seguridad alimentaria
Argentina acumula más de 10 años sin crecimiento económico, empeorado por la recesión con inflación anual de 50% inaugurada durante los cuatro años de gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) y ahora azotada por la pandemia. Hoy, 45% de la población está debajo de la línea de pobreza y es superior a 60% entre menores de edad.
El país cuenta con virtualmente la mitad de su población en la pobreza a pesar de que hay 11% de desempleo, lo que evidencia que la crisis socioeconómica destruye año tras año la capacidad de sostener una vida digna: uno de cada cinco asalariados y uno de cada tres trabajadores totales no llega a cubrir la canasta básica familiar, que es hoy de 63.000 pesos mensuales (670 dólares).
Esto se traduce en familias enteras que dependen cada vez más del apoyo del Estado a través de mecanismos de transferencia de ingresos además del apoyo de las organizaciones sociales, principales brazos de ayuda en comedores y de contención entre las poblaciones más golpeadas. La mayor parte de este esfuerzo es llevado adelante por mujeres, sin retribución de ingresos ni protección de seguro social por su trabajo no remunerado.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, más de un millón de jóvenes no cuentan con acceso al sistema de protección social y 10% de los que deberían estar cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) no la reciben porque el sistema es punitivo cuando los padres o tutores de los niños tienen problemas para certificar las condicionalidades para acceder a ella.
Los programas de transferencias condicionadas de ingresos o de protección social no contributiva se han impuesto en Latinoamérica como la principal forma de intervención de los Gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, mediante la garantía de cierto nivel básico mínimo de ingresos monetarios.
En la región abundan los ejemplos de programas vigentes hasta la fecha: bonos Juancito Pinto y Madre Niño-Niña Juana Azurduy, en Bolivia; Seguridades y oportunidades - Ingreso Ético Familiar en Chile; Más Familias en Acción en Colombia; Bono de Desarrollo Humano en Ecuador; Tekoporâ en Paraguay; Juntos en Perú; y Plan Equidad y Tarjeta Social en Uruguay.
En América Latina y el Caribe, el hambre afecta a 37 millones de personas (6,1% de la población), un avance significativo respecto de las 68,5 millones de personas (15,3%) que padecía privaciones alimentarias a comienzos de la década de 1990, según la FAO.
Entre 1990 y 2014, la región como conjunto redujo en un 60% la proporción de subalimentación de su población y se convirtió en la única región del mundo en conseguir la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre fijada para 2015 por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Sin embargo, la decadencia de los Gobiernos de ímpetu socialista que destacaron durante el inicio del nuevo milenio y el regreso al poder en el subcontinente de presidencias orientadas al neoliberalismo, hoy reunidas bajo en el Grupo de Lima, comenzaron revertir la tendencia, que se resintió aún más con la pandemia: las economías de la región se contraerán 30% por la crisis sanitaria, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La seguridad alimentaria es ahora un tema de agenda global. En octubre de 2020, se concedió el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y durante el Día Mundial de la Alimentación de la FAO algunas destacadas personalidades mundiales llamaron a buscar soluciones sostenibles de fondo al problema del hambre.
Según la FAO, la región latinoamericana y caribeña aporta el 13% de la producción agrícola mundial, su sector agroalimentario contribuye en un 26% a las exportaciones totales, por lo que su aporte a la reducción del hambre mundial es indispensable. Habrá que ver si los gobernantes de los países pueden resolver sus déficits internos primero.
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