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Así es como un fideicomiso privado expulsa a vecinos del centro de Ciudad de México

Así es como un fideicomiso privado expulsa a vecinos del centro de Ciudad de México

Sputnik Mundo

La Ciudad de México es víctima de la voracidad inmobiliaria. El estudio de caso de Puebla 261 revela el papel de un fideicomiso de crédito e inversión en la... 31.12.2020, Sputnik Mundo

2020-12-31T08:54+0000

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El primer desalojo de Puebla 261 fue en diciembre de 2018 y desde entonces, un largo camino de resistencia cambió la vida de las treinta familias que tenían años de habitar en este edificio en la colonia capitalina de Roma Norte. El análisis detallado de este proceso permite conocer cuáles son las herramientas utilizadas por anónimos capitales inmobiliarios, para hacerse del cotizado suelo urbano del centro de la capital mexicana.Los vecinos relataron a Sputnik que los problemas comenzaron con la demolición del edificio que está junto a su casa, colindando en el número 259 de la calle Puebla. Esa demolición causó un socavón, que provocó un deslizamiento del suelo y la fractura de un muro divisorio.Desalojar sin ser dueñoEl caso de Puebla 261, en la colonia Roma Norte, es similar a otros del centro de la capital mexicana que durante los últimos cuatro años han ido perdiendo a su población originaria, debido a una paulatina disolución de las garantías del proceso judicial, impidiendo que puedan defender su derecho como legítimos poseedores. Los vecinos gozan de la figura legal de la posesión, que gana toda persona que habita una casa de manera continua y pacífica y que impide su expulsión arbitraria.En este caso, las demandas judiciales fueron entabladas por Banca Mifel, un fondo de inversión que pretende el lugar desde hace al menos tres años. Sin embargo, los pleitos avanzaron sin que el fideicomiso haya podido concretar la compra-venta del mismo —que según comprobaron los vecinos, continúa registrado a nombre de una persona fallecida— aunque eso no ha impedido que la Justicia le permita accionar contra los vecinos.Ante la ausencia de los administradores que siempre les habían cobrado y el fallecimiento de quien aún aparece en el Registro Público de Ciudad de México como propietaria del lugar, algunos vecinos decidieron depositar sus rentas en custodia judicial, aunque la empresa logró demandarlos por deber el pago de las rentas de todos modos.El proceso que debe seguirse y que no se cumplió en este caso, es ofrecer a los habitantes el derecho del tanto, que implica la posibilidad de comprar el inmueble antes que nadie. Como Banca Mifel no respetó este proceso, ha buscado por todas las vías posibles que quienes tienen derecho sobre el inmueble, lo abandonen.Primero, intentaron forzar un desalojo argumentando el daño estructural causado por los sismos del septiembre de 2017; algunos habitantes salieron voluntariamente ante el hostigamiento de la empresa, ejercido por medio de abogados que envían como emisarios.Quienes han tenido contacto con estos abogados, relataron a Sputnik que su reclamo constante es que entreguen la posesión del edificio, que como se dijo arriba, es una fuente de derechos para los habitantes originarios frente al avance de los capitales inmobiliarios.El estudio del caso de Puebla 261 refleja cómo la participación de un fondo de inversión termina por ocultar quienes son los capitales que ejercen esta presión en pos de la expulsión de los vecinos. A Banca Mifel recientemente se sumó en Ciudad de México, el accionar de otro gigante sin cara de las finanzas internacionales, Black Rock, en el proceso de apropiación de edificios que han tenido largos pleitos por su propiedad de la capital mexicana, en zonas centrales, turísticas y codiciadas.La posesión por la fuerzaA inicios de septiembre de 2019 el fideicomiso pretendió instalar por la fuerza a una empresa de seguridad con guardias armados en uno de los departamentos del edificio, sin que presentaran los permisos oficiales para el porte de armas en una finca privada.Los capítulos más recientes de esa pelea desigual sucedieron durante el recrudecimiento de la pandemia de COVID -19 en Ciudad de México:en la mañana del 30 de noviembre de este año se consagró el desalojo, sin aviso previo, de dos departamentos más del edificio. Ese día, en torno de las seis de la mañana se presentó el mismo abogado junto a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y un grupo de hombres de civil, que suelen contratarse para sacar las pertenencias de la gente de sus hogares, conocidos como "cargadores";menos de dos semanas después, el 11 de diciembre de 2020, un abogado llegó al mando de un grupo de civiles que, sin permiso de las autoridades gubernamentales, abrió una de las cortinas de las accesorias comerciales que están en la planta baja del edificio y rompieron una pared, creando un acceso improvisado e irregular al pasillo central del lugar.Aunque 'la obra' fue clausurada por la división de Protección Civil, que llegó horas después de la denuncia de los vecinos, el movimiento evidencia cómo el capital se sostiene en la lógica de hechos consumados para hacer avanzar sus intereses.Mientras, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió causas de investigación contra el círculo cercano del antiguo Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como lo evidencia las órdenes de aprehensión libradas contra sus secretarios personales así como contra Raymundo Collins, el extitular del Instituto de vivienda de la capital, de quien también fue pedida su extradición al Gobierno de Estados Unidos.Por otro lado, los vecinos de Puebla criticaron que el Gobierno capitalino haya anunciado un plan para impulsar el desarrollo inmobiliario en torno a doce corredores (su edificio está a metros del demarcado en la Avenida Chapultepec) éste proyecto siga beneficiando a los grandes capitales inmobiliarios para la construcción de vivienda social, a precios más bajos."Aunque el plan prevea que el 30% de cada edificio nuevo que se construya tiene que dedicarse a la vivienda social, se permite que los mismos capitales sigan acaparando los mejores predios. Si queremos parar la gentrificación de la ciudad, hay que atender los casos que han detenido a las desarrolladoras inmobiliarias que, sistemáticamente, han dado un puntapié a la población. Su voracidad y avaricia ya han causado mucho daño", concluyeron los vecinos afectados.

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