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El Mozote, sinónimo de barbarie e impunidad en El Salvador
El Mozote, sinónimo de barbarie e impunidad en El Salvador
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El 10 de diciembre de 1981, exactamente 33 años después de que fuera aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, comenzó en... 10.12.2020, Sputnik Mundo
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Fueron tres días de criminal frenesí: mujeres y niñas violadas, miles de civiles ejecutados y familias enteras asesinadas en nombre de "la democracia", un auténtico genocidio que convirtió a El Mozote en un triste símbolo de barbarie e impunidad en esta nación centroamericana.Quienes salieron de sus viviendas antes de que llegara la soldadesca huyeron entre la maleza, el fango y la montaña, y permanecieron escondidos en cuevas incluso después de que el viento —y el tiempo— disipó el humo, más no el miedo. El aire olía a quemado.Por aquellos días, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) lanzaba la llamada Operación Rescate en el oriente del país, como parte de la estrategia contrainsurgente "Tierra Arrasada", para impedir el apoyo campesino a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).Para los militares, la población rural era una suerte de retaguardia de las guerrillas y bajo ese concepto llevaron a cabo una política de exterminio de toda forma de vida, que se ensañó especialmente con los cantones El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles.Una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló en 1993 a los coroneles Monterrosa y Armando Azmitia como los responsables directos de la masacre, pero ambos murieron el 23 de octubre de 1984 en un atentado guerrillero contra el helicóptero en el que viajaban.Negación totalLa cúpula castrense negó en su momento su papel en la masacre, achacada entonces a "propaganda comunista", y los sucesivos presidentes de la República lo hicieron también, hasta que Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado en 2012."Para los gobernantes salvadoreños, siempre y sin excepción, la situación de los derechos humanos antes, durante y después del conflicto armado (1980-1992) no ha sido más que una babosada (algo intrascendente)", dijo a Sputnik el abogado y activista Benjamín Cuéllar.Cuéllar fue uno de los impulsores de la demanda que forzó la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, instrumento que, en su opinión, propició la exculpación mutua y cómplice de quienes violaron tantos derechos humanos, acordándose de las víctimas solo en los discursos, nunca en la realidad.Sin embargo, el pueblo no olvida…Persiste la impunidadEl cabreo de Cuéllar y de quienes luchan contra una amnesia propicia y selectiva responde además a que el actual Gobierno prometió distanciarse de las prácticas de sus antecesores, pero no solo se puso del lado de los victimarios, si no que les dio más fuerza y protagonismo a los militares.De hecho, el presidente Nayib Bukele respaldó la decisión de la FAES de bloquear el acceso a sus archivos militares al juez Jorge Guzmán, quien reabrió el proceso judicial para esclarecer los hechos de El Mozote tras la derogación en 2016 de la Ley de Amnistía."Creo que el Ejecutivo y los militares van a seguir en su afán de impedir estas diligencias, lo cual evidencia la coherencia de este gobierno con sus predecesores", agregó Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).Durante una audiencia judicial, el general Juan Rafael Bustillo achacó el crimen a un rapto de locura del coronel Monterrosa. Tanto Bustillo como otros seis militares intimados por su papel en la cadena de mando que condujo a la masacre afirmaron que cumplían un papel constitucional.Manuel Escalante, abogado del Idhuca, confirmó a Sputnik que el proceso sobre El Mozote aguarda actualmente por el informe de los peritos que pudieron acceder a ciertos archivos civiles, y entonces el juez Guzmán decidirá si declara cerrada la etapa probatoria y eleva el caso a juicio.Mientras, las víctimas de una guerra que dejó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos aún esperan que se les garantice justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de estos crímenes cuyas cicatrices aún sangran.
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El Mozote, sinónimo de barbarie e impunidad en El Salvador
21:54 GMT 10.12.2020 (actualizado: 14:25 GMT 03.06.2024) SAN SALVADOR (Sputnik) — El 10 de diciembre de 1981, exactamente 33 años después de que fuera aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, comenzó en un cantón de El Salvador la peor masacre registrada en este país en el siglo XX.
Fueron tres días de criminal frenesí: mujeres y niñas violadas, miles de civiles ejecutados y familias enteras asesinadas en nombre de "la democracia", un auténtico genocidio que convirtió a El Mozote en un triste símbolo de barbarie e impunidad en esta nación centroamericana.
"Quemaron todito, todito. Mataron hasta los cerdos, el ganado, las bestias, no quedó nada", relató en una entrevista Rosario López, una de las pocas sobrevivientes de la matanza liderada por el coronel Domingo Monterrosa, comandante del proscrito Batallón Atlacatl.
3 de noviembre 2020, 01:12 GMT
Según su relato, confirmado por otros testigos y víctimas, los soldados separaron a las mujeres de los hombres y de los niños, y comenzaron a dispararle a unos, degollar a otros y violar a las jóvenes, sin atender las súplicas por la vida ahogadas por los gritos de horror, las ráfagas y la muerte.
Quienes salieron de sus viviendas antes de que llegara la soldadesca huyeron entre la maleza, el fango y la montaña, y permanecieron escondidos en cuevas incluso después de que el viento —y el tiempo— disipó el humo, más no el miedo. El aire olía a quemado.
Por aquellos días, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) lanzaba la llamada Operación Rescate en el oriente del país, como parte de la estrategia contrainsurgente "Tierra Arrasada", para impedir el apoyo campesino a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
29 de octubre 2020, 22:04 GMT
Para los militares, la población rural era una suerte de retaguardia de las guerrillas y bajo ese concepto llevaron a cabo una política de exterminio de toda forma de vida, que se ensañó especialmente con los cantones El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles.
Una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló en 1993 a los coroneles Monterrosa y Armando Azmitia como los responsables directos de la masacre, pero ambos murieron el 23 de octubre de 1984 en un atentado guerrillero contra el helicóptero en el que viajaban.
La cúpula castrense negó en su momento su papel en la masacre, achacada entonces a "propaganda comunista", y los sucesivos presidentes de la República lo hicieron también, hasta que Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado en 2012.
9 de octubre 2020, 00:20 GMT
"Para los gobernantes salvadoreños, siempre y sin excepción, la situación de los derechos humanos antes, durante y después del conflicto armado (1980-1992) no ha sido más que una babosada (algo intrascendente)", dijo a Sputnik el abogado y activista Benjamín Cuéllar.
Cuéllar fue uno de los impulsores de la demanda que forzó la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, instrumento que, en su opinión, propició la exculpación mutua y cómplice de quienes violaron tantos derechos humanos, acordándose de las víctimas solo en los discursos, nunca en la realidad.
Sin embargo, el pueblo no olvida…
El cabreo de Cuéllar y de quienes luchan contra una amnesia propicia y selectiva responde además a que el actual Gobierno prometió distanciarse de las prácticas de sus antecesores, pero no solo se puso del lado de los victimarios, si no que les dio más fuerza y protagonismo a los militares.
21 de octubre 2020, 00:07 GMT
De hecho, el presidente Nayib Bukele respaldó la decisión de la FAES de bloquear el acceso a sus archivos militares al juez Jorge Guzmán, quien reabrió el proceso judicial para esclarecer los hechos de El Mozote tras la derogación en 2016 de la Ley de Amnistía.
"Creo que el Ejecutivo y los militares van a seguir en su afán de impedir estas diligencias, lo cual evidencia la coherencia de este gobierno con sus predecesores", agregó Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Durante una audiencia judicial, el general Juan Rafael Bustillo achacó el crimen a un rapto de locura del coronel Monterrosa. Tanto Bustillo como otros seis militares intimados por su papel en la cadena de mando que condujo a la masacre afirmaron que cumplían un papel constitucional.
29 de octubre 2020, 02:45 GMT
Manuel Escalante, abogado del Idhuca, confirmó a Sputnik que el proceso sobre El Mozote aguarda actualmente por el informe de los peritos que pudieron acceder a ciertos archivos civiles, y entonces el juez Guzmán decidirá si declara cerrada la etapa probatoria y eleva el caso a juicio.
Mientras, las víctimas de una guerra que dejó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos aún esperan que se les garantice justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de estos crímenes cuyas cicatrices aún sangran.
