El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió la posta en diciembre de 2019 de un país sumido en la peor debacle financiera desde el quiebre de 2001 por la crisis económica que dejó su antecesor, Mauricio Macri (2015-2019), y que llevó a una recesión de -2% del PBI, una inflación anual de 50% y una deuda pública de 300.000 millones de dólares.
Como consecuencia, la deuda externa emitida por empresas privadas alcanzó el nivel récord al cierre del tercer trimestre de 2019 de 86.127 millones de dólares, explicada por el incremento del endeudamiento en el mercado de capitales registrado a partir de 2017, según detalla el informe sobre Deuda Externa Privada que volvió a emitir el Banco Central de Argentina, que había sido discontinuado ese mismo año 2017 por decisión de la cúpula del entonces Gobierno.
"La política económica del Gobierno de Macri generó los incentivos para la especulación y no la producción. Muchas empresas recurrieron a la toma de deuda centralmente para sostener su propio funcionamiento y la especulación. Suele ocurrir que muchas empresas que tienden a hacer esto luego entran en problemas de pago que requieran algún tipo de salvataje de parte del Estado, que hacen que crezca la deuda pública, algo que no ha ocurrido porque el Gobierno actual ofreció facilidades", dijo a Sputnik el economista argentino Francisco Cantamutto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.
Deuda de élite
Cantamutto resaltó que el acceso a la deuda externa privada abarca únicamente a un puñado muy reducido de grandes empresas, centralmente extranjeras y grupos nacionales extranjerizados, y no es un recurso que abarque al universo de las empresas locales: "Para la mayor parte del entramado empresarial de pequeñas y medianas empresas, el acceso al endeudamiento externo es una utopía", aseguró.
"Muchas de las empresas que durante 2020 accedieron a mecanismos adelantados de recursos para financiar pagos tenían deuda tomada con empresas vinculadas o además tenían acceso a divisas retenidas por la no obligación de liquidar las exportaciones durante el gobierno anterior. Es decir, la deuda privada en este contexto actual no fue realmente un condicionamiento, sino más bien un mecanismo de chantaje", analizó.
Desde comienzos de 2020, el sector privado canceló deuda externa de forma neta por un total de 3.442 millones de dólares, de los cuales 2.749 millones fueron en concepto de prefinanciación y anticipo de exportaciones.
Con el objeto de garantizar las divisas necesarias para la recuperación económica, el Banco Central introdujo medidas a fines de mayo para ordenar el pago de obligaciones externas comerciales y estableció lineamientos para una refinanciación de la deuda privada financiera a mediados de septiembre, que incluyó la obligatoriedad de refinanciamiento de un porcentaje del pasivo externo.
Cantamutto comentó que no hay en la evidencia científica ningún tipo de prueba de que Argentina tome deuda para financiar la inversión o por falta de recursos internos. La deuda privada es muchas veces, y no solo en este país, un mecanismo de gestión de fondos para fugar divisas, financiar el atesoramiento o apalancar la remisión de utilidades para después ejercer presión, obtener salvatajes posteriores o desgravar impuestos a las ganancias, resumió.
"Son empresas que atesoraron recursos en el exterior de manera sostenida. La normativa para refinanciar las deudas no está afectando severamente los flujos de caja en lo que tiene que ver con la aplicación productiva. No generó un proceso de default generalizado, muy al contrario, se les garantizó el pago y se les ofreció asesoramiento técnico. La política del Gobierno ha sido bastante amigable con la gestión de las deudas corporativas", concluyó el economista.
