Según divulgó Bachelet en un comunicado, el asesinato es "una ilustración nítida de la persistente discriminación y racismo estructurales al que se enfrentan las personas de ascendencia africana", y añadió: "El gobierno tiene una especial responsabilidad de reconocer el problema del racismo persistente en el país, pues este es el primer paso esencial para resolverlo".
La declaración de Bachelet pidiendo que el Gobierno asuma que el racismo es un problema se da después de que el vicepresidente brasileño, Antonio Hamilton Mourao, dijera que en Brasil "no existe racismo".
La alta comisaria de la ONU, no obstante, remarcó que el caso de Silveira es "un ejemplo extremo, pero desgraciadamente muy común, de la violencia que sufren los negros en el país", subrayando que esa violencia por cuestiones raciales está plenamente documentada.
Bachelet también pidió una investigación "rápida, completa, independiente, imparcial y transparente" que examine el sesgo racial del crimen para asegurar que haya justicia y verdad, así como el uso desproporcional de la fuerza contra personas que protestaron pacíficamente tras la muerte de Silveira.
La víctima murió por asfixia, tras recibir numerosos golpes cuando ya estaba inmovilizado; tras la muerte se produjeron numerosas protestas por el país y movimiento de boicot contra Carrefour, la cadena de supermercados donde se produjo el incidente.
