1.500 presos políticos del Gobierno de Áñez aún esperan su libertad en Bolivia

Si bien Bolivia acaba de recuperar su democracia, 1.500 personas siguen detenidas en cárceles o con prisión domiciliaria acusadas de "sedición" o "terrorismo" por el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020).

Desde el pasado 8 de noviembre, cuando asumió la Presidencia Luis Arce, del MAS, se evalúan mecanismos para sobreseer a quienes fueron presos injustamente un año antes en el marco del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019). 

Los casos reflejan la forma en que operaba el Órgano Judicial entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, periodo en que Áñez ocupó el sillón presidencial. 

El caso del enfermero de Senkata

Un ejemplo del tratamiento de la Justicia en el Gobierno de Áñez es el del Ayben Huaranca. "Es un enfermero, el único que estuvo en la masacre de Senkata (el 19 de noviembre de 2019). Ha estado todo el día rescatando heridos, trasladando fallecidos a la iglesia. No había médicos", contó a Sputnik su abogada, Nadesdha Guevara. 

Ese día, quienes estaban con él lo filmaron denunciando la masacre. También pidió la presencia en el lugar de la Cruz Roja. Su testimonio se hizo rápidamente viral. "Al día siguiente lo detuvieron por haber hecho los videos. Lo imputaron con delitos de terrorismo, sedición, instigación pública a delinquir. Lo pusieron en prisión preventiva", relató la abogada, quien además representa legalmente a otras 12 víctimas procesadas, así como a heridos de las semanas del golpe.

​A Huaranca lo acusaron de ejercicio ilegal de la medicina, aunque es licenciado en Enfermería. Luego de seis meses en la cárcel de San Pedro —donde denunció que sufrió torturas, así como la pérdida de dos muelas por los golpes recibidos— finalmente le dieron prisión domiciliaria. 

"Hay 1.500 personas que en los momentos de las masacres [de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019] fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria. La mayoría fue sometida a torturas y malos tratos. El 80% tiene prisión domiciliaria", informó la abogada, quien también es presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Bolivia.

"La mayoría de detenidos en Senkata y Sacaba [donde fueron asesinadas 28 personas] no han tenido posibilidad de acceder a una investigación material, objetiva, fáctica, que pueda demostrar sus imputaciones. A muchos de ellos, los fiscales mismos han presionado para que se sometan a procesos abreviados, es decir que acepten los delitos que les estaban imputando", sostuvo Guevara.

El caso de Facundo Molares

Otro ejemplo es el del argentino Facundo Molares, de 45 años, quien integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta 2017, cuando se realizaron los diálogos de paz en ese país, del cual se habría declarado disidente.

Según su familia, Molares llegó a Bolivia para cubrir las elecciones del 20 de octubre de 2019. Se desempeñó como fotógrafo para la revista digital Cabildo.

En noviembre de 2019, luego del golpe de Estado, el argentino fue identificado por el Gobierno de Áñez en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, adonde se habría internado por una enfermedad en los riñones. Sin embargo, la versión del Gobierno de facto y la prensa boliviana relataba que Facundo había sido herido en la cabeza durante enfrentamientos entre sectores en contra y a favor del MAS, el 30 de octubre de 2019, cuando dos personas fueron asesinadas: Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas.

Al exguerrillero se lo acusó por estas dos muertes. También se le endilgó el cargo de "asociación delictuosa". Desde entonces está preso. Él y su familia, en Argentina, llevan un año en un derrotero de incertidumbres y sufrimientos. Con el nuevo Gobierno, se espera que salga en libertad pronto. En las redes sociales ya se da por hecho que abandonará la cárcel.

"Los rumores que se están difundiendo por las redes son solo rumores. No hay nada concreto respecto a la libertad de Facundo", dijo a Sputnik su hermana, Soledad Molares.

Una foto que circula por Internet lo muestra en una clínica, donde se encuentra desde mediados de noviembre de este año por su pésimo estado de salud, que incluye hasta COVID-19. "Se le han sacado las esposas, por las condiciones en que se encuentra. No puede movilizarse, padece una inflamación muy importante por la acumulación de líquidos", comentó su hermana.

​"La cárcel le agravó enfermedades de base, dolencias renales. Fue mal medicado, padeció violencia psicológica, desnutrición. Sumó otras patologías debidas a la altitud de La Paz. Tiene  gran cantidad de agua en los pulmones, lo que se llama edema pulmonar", enumeró Soledad.

¿Hasta cuándo?

Este 26 de noviembre se da la audiencia para determinar si Facundo sigue tras las rejas o si ya puede regresar a Argentina, con su familia, para realizar sus tratamientos médicos indispensables. Ya el pasado sábado 22, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en conferencia de prensa que no veía argumentos legales para tenerlo preso. Y solicitó a la Fiscalía revisar su acusación.

"Tenemos muchísimas esperanzas. Primero, por la certeza que tenemos de la inocencia de Facundo. Fue una víctima del golpe de Estado. Ahora tenemos una gran preocupación por su estado de salud, que sufrió una enorme desatención", advirtió Soledad Molares.

"Se ha recrudecido su insuficiencia renal, está medicado para una afección cardiaca, para que pueda bombear sangre a su corazón. En la cárcel de Chonchocoro (La Paz) mi hermano estuvo a punto de morir", contó la hermana y agregó: "Sumado a todas estas afecciones, en el penal contrajo COVID-19". 

La vuelta de la tortilla

Para las y los 1.500 presos políticos, es inquietante que sus casos sean resueltos por los mismos jueces que dieron lugar a tantas acusaciones desmedidas, como las de "terrorismo" y "sedición". "Es momento de que todos esos jueces y fiscales que se han prestado a hacer esta persecución judicial, sin respetar la independencia de los poderes, también tengan su sanción", planteó la abogada. 

"Tenemos que reconstruir el estado de derecho. Necesitamos una nueva reorientación estructural, descolonizadora y despatriarcalizadora de la justicia", añadió.

Además, se debe brindar una reparación justa a quienes fueron estigmatizados como delincuentes, entre otros apelativos, por el Gobierno de Áñez. "Debemos preservar la memoria histórica y colectiva. Los heridos, fallecidos y detenidos son la memoria de lo que ha pasado", dijo Guevara.

En la ciudad de Esquel, en el sur de Argentina, Soledad Molares espera tener pronto entre sus brazos a su hermano. Comentó que entre los presos políticos, muchísimos son comunicadores populares, cuyo delito fue contar lo que sucedía en redes sociales, o en el espacio que fuera posible. "Esperemos que sean liberados rápido, porque ya pasó un mes desde que se recuperó la democracia", expresó.

"No se puede traicionar a los compañeros. Ya, hoy tienen que liberar a los presos políticos, no pueden pasar ni un minuto más en la cárcel. Porque son compañeros que pusieron el cuerpo para la defensa de la democracia", evidenció Molares.