El 18 de septiembre Martín Vizcarra ya había sorteado un primer juicio por incapacidad para gobernar, iniciado por seis de las nueve bancadas surgidas en las elecciones de enero de este año, luego que el mandatario disolviera la cámaras en octubre de 2019.
En este nuevo juicio, Vizcarra fue declarado "incapaz" por una holgada mayoría de 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, y cesado de manera inmediata. Las denuncias en esta ocasión responden al supuesto cobro de sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
"Mal endémico"
"Esto ha generado malestar en un país que está dividido entre los que piensan que se debe sostener al presidente en aras de la gobernabilidad, aun sabiendo que hay indicios muy fuertes sobre corrupción, y los que no", dijo a Sputnik el excongresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos.
"El problema es que los que asumirán al salir Vizcarra son representantes de distintos partidos minoritarios. En el Congreso ningún partido tiene mayoría absoluta, no gozan de la confianza popular", describió.
"Muchos congresistas tienen denuncias y se conocen sus vínculos con determinados sectores que están interesados en capturar el aparato del Estado y tomar decisiones no a favor de las mayorías", agregó.
Problemas constitucionales
Perú no cuenta con "mecanismos de control y participación social", destacó Cevallos. Cuando Vizcarra disolvió las cámaras, en octubre de 2019, el Frente Amplio lo apoyó por entender que el Congreso estaba dominado por partidos muy desprestigiados por hechos irregulares, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori y el APRA de Alan García.
En aquel momento se reclamaba la necesidad de llevar a cabo una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. "Nosotros tenemos una Constitución que fue elaborada por un gobierno dictatorial", apuntó Cevallos en alusión a la reforma aprobada en 1993 bajo el Gobierno de Fujimori, luego del autogolpe de 1992.
"Es una Constitución absolutamente proempresarial, de achicar el Estado y reducir cualquier nivel de control. Eso ha generado un incremento de la corrupción en todo el aparato del Estado. Tenemos 70% de los trabajadores estatales que entran por la ventana y no por méritos. No hay carrera funcional", lamentó.
El excongresista puso como ejemplo lo ocurrido con la pandemia de coronavirus. Perú es el país con más muertes del mundo en relación con su población, y también uno de los que más recursos ha destinado para hacer frente a la crisis.
El grueso de esos fondos, 60.000 millones, "fueron para las empresas, supuestamente para que no quebraran y la gente no se quedara sin trabajo", pero a la vez "se permitió la suspensión perfecta, que en realidad son los despidos encubiertos. Lo más grave es que 43% de estos 60.000 millones fueron solo a 3% de las empresas, las que ejercen poder político y deciden en el país", aseguró.
La crisis y el riesgo país
Con la noticia de la salida de Vizcarra sacudiendo el país, el banco de inversión JP Morgan redujo cuatro puntos básicos el riesgo país del Perú hasta ubicarlo en 1.09, el más bajo de la región, seguido de Colombia con 2.08 y México con 2.09.
"Perú es un país muy estable para invertir porque la Constitución permite que venga cualquier inversor y ni siquiera las leyes peruanas pueden discutir los contratos", explicó.
"El Estado está, de acuerdo con la Constitución, impedido de rediscutir cualquier contrato. Los diferendos ni siquiera los resuelve la justicia peruana sino fuera del país. (...) Muchas empresas pueden invertir sin pagar un centavo al Estado. Aquí es un paraíso para los inversores", consideró Cevallos.
"Hay una importante cantidad de sectores que plantean la necesidad de hacer cambios sustanciales en la Constitución, y eso se refleja en las centrales de trabajadores y grupos de izquierda", añadió.
Desde su perspectiva, el nuevo presidente o el propio Congreso tienen las facultades para, junto con las elecciones de abril de 2021, realizar una consulta acerca de si los ciudadanos creen necesaria o no una reforma constitucional.
