"Está claro que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar siempre la certidumbre legal y la libertad de prensa y expresión. Este es un comentario en general, y no tenemos ningún motivo para creer que no sea así en el caso de España", afirmó en rueda de prensa el portavoz comunitario Johannes Bahrke.
Así se pronunció el representante de la CE sobre la noticia de que el Gobierno de España creará un comité permanente contra la desinformación con el objetivo de vigilar posibles campañas para la difusión de noticias falsas.
Esta decisión se enmarca en los mecanismos impulsados por la Unión Europea para ofrecer "respuestas coordinadas y conjuntas a las campañas de desinformación", en concreto el "European Democracy Action Plan".
El plan suscitó en España las críticas de la oposición —el conservador Partido Popular (PP) y la formación de ultraderecha Vox— que entendieron que el Gobierno pretende, con esta herramienta, controlar a los medios de comunicación o establecer métodos de censura, algo que el Ejecutivo niega.
La Comisión Europea "está al tanto" de esta orden ministerial, publicada el 5 de noviembre por el Boletín Oficial del Estado, que "actualiza el sistema nacional para prevenir, detectar y responder a este tipo de campañas de información", dijo Bahrke.
Sobre el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, Bahrke explicó que se trata de un instrumento que "asegura" la participación española en la iniciativa europea contra las noticias falsas, enmarcada en el plan de la UE contra la desinformación de 2018.
"El plan de acción implica que cada Estado miembro establezca un punto de contacto, y esto es lo que hace la orden española", concluyó el portavoz de la Comisión.
El Gobierno español prevé que la nueva comisión permanente contra las noticias falsas actúe en coordinación con otros órganos como el Consejo de Seguridad Nacional o la Secretaría de Estado de Comunicación, de la mano de la Presidencia del Gobierno.
Entre sus funciones figura el establecimiento de una metodología para "definir" y "gestionar" posibles "eventos desinformativos", además de proponer la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
