"En el contexto del paro nacional se determinaron violaciones a varios derechos: a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida, entre otros", dijo Carrión.
Sobre el papel cumplido por dicha funcionaria como jefa de la Policía Nacional, señaló que su nivel de responsabilidad aún no ha sido totalmente investigado judicial ni políticamente.
Según el defensor del Pueblo, entre los días 3 y 13 de octubre, agentes del Estado actuaron con conductas violentas que causaron serios daños en la población civil.
"En algunos casos, fueron daños irreversibles", remarcó.
Manifestó que hasta el momento las cifras sobre el número de fallecidos en el contexto de las jornadas de protesta son distintas.
De acuerdo con Carrión, en las protestas hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, pues los agentes no observaron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, afirmó.
Indicó que durante las protestas se registraron un total de 1.192 personas detenidas a escala nacional, de las cuales 532 ocurrieron en la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), en el norte de Ecuador, seguida de Guayas (oeste) con 310 y Tungurahua (centro) con 59 arrestos.
El funcionario sostuvo que entre los detenidos hubo personas maltratadas, incomunicadas y que permanecieron privadas ilegalmente de su libertad.
De acuerdo con los cómputos del defensor, como consecuencia de los manifestaciones se registraron 1.340 personas heridas siendo Pichincha donde se registró el mayor número (913), seguida de las provincias del Azuay (122) y Guayas (46).
Las personas relataron haber sido víctimas de disparos al cuerpo, lo cual se configuraría como un atentado contra el derecho a la vida, puntualizó.
Asimismo, al menos 20 personas perdieron uno de sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas y perdigones.
Durante las protestas de octubre del año pasado, en rechazo a la decisión del Ejecutivo de retirar el subsidio a los combustibles, Ecuador vivió una violencia sin precedentes.
Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
El domingo, a través de un video publicado en redes sociales, la ministra de Gobierno sostuvo que el juicio político entablado en su contra es por haber impedido que se diera un golpe de Estado en octubre de 2019.
El próximo 31 de octubre, Romo deberá comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, instancia que tramita el proceso político.
Si finalmente la ministra es enjuiciada políticamente, la Asamblea requiere de un mínimo de 70 asambleístas -de un total de 137- para destituirla.
