"Ni Leonidas (Iza) ni yo nos paramos ahí y secuestramos a los policías, ¿qué pasó? Estuvimos levantados por el derecho a la protesta social y eso tiene nombres y apellidos, en rechazo a las medidas económicas neoliberales, esas fueron las acciones que nosotros llevamos adelante. Como dirigentes respondimos a nuestro pueblo", dijo el presidente de la Conaie, Jaime Vargas a periodistas.
Vargas e Iza rindieron el lunes su declaración dentro de la investigación previa que abrió la Fiscalía General del Estado por el delito de secuestro.
Después de testificar en la sede de la Fiscalía General, en el centro-norte de Quito, Vargas enfatizó que gracias a las protestas el Gobierno nacional derogó el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles.
En esa misma línea, Leonidas Iza dijo que el 10 de octubre de 2019 no se produjo ningún secuestro en la CEE sino una protesta social.
En sus palabras, el llamado a comparecer ante la Fiscalía tendría que ver con un intento, por parte del Ejecutivo, para reducir lo que fue una reacción social a un acto delincuencial.
Iza recordó que los hechos ocurridos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dieron un día después de la muerte de Inocencio Tucumbi, miembro de la Conaie, en el contexto de las protestas.
De acuerdo con Iza, la retención (por varias horas) a un grupo de policías dentro de la CCE, se dio en respuesta a miles de personas que exigían justicia por la muerte de Tucumbi.
Agregó que los uniformados fueron entregados, en acto público, a representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto con delegados del Gobierno y de la Asamblea Nacional.
Iza y Vargas comandaron la toma de Quito durante las protestas sociales del año anterior.
Los dos dirigentes indígenas acudieron a la Fiscalía acompañados de al menos un centenar de simpatizantes, quienes los respaldaron con consignas en el exterior de dicha institución.
Los dos dirigentes también tienen otras denuncias, entre ellas una por instigación.
Contra Vargas recientemente se inició una investigación por daños causados al patrimonio el pasado 12 de octubre, por daños a la estatua de Isabel La Católica, cuando se intentó derribarla, en el marco de los actos por los 528 años de resistencia indígena.
