"Alentamos al Gobierno a que siga adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en México" para las personas defensoras de derechos humanos, dijo Lawlor en un posicionamiento emitido en la sede de la ONU en Ginebra.
Además de establecer el derecho a un medio ambiente sano, el histórico Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, establece claras garantías para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo envió al Senado mexicano en agosto para su ratificación en los próximos meses.
Lawlor señaló que la ratificación de Escazú "sería una muestra importante del compromiso de México con los defensores y defensoras de los derechos humanos que, junto con los y las periodistas, afrontan altos niveles de violencia en el país".
Los expertos de la ONU documentaron en 2019 un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 10 periodistas, y la desaparición de dos defensores en México; mientras que en lo que va del año ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos, y cuatro comunicadores en todo el país.
Avances jurídicos en protección de defensores
La relatora especial que integra los llamados Procedimientos Especiales de DDHH, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU, señaló que "con estos avances legales, México tiene la gran oportunidad de mejorar la protección de los defensores y defensoras".
El Senado mexicano analiza la ratificación el Acuerdo de Escazú, que no solo establece el derecho a un medio ambiente sano sino que a la vez "garantiza la protección de quienes lo defienden".
Lawlor dijo además que el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso en 2012, debe contar con los fondos y recursos adecuados para su correcto funcionamiento.
"La vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo a los defensores del medio ambiente, puede depender de ello" , afirmó.
Ese comentario ocurre mientras el Senado discute a la vez la extinción de 109 fideicomisos que reciben unos 3.000 millones de dólares de fondos públicos, uno de ellos relacionado con la protección de periodistas y defensores.
La postura fue respaldada por David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Lawlor es actualmente profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín, Irlanda.
En 2001 fundó "Front Line Defenders", la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para enfocarse en defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo.
