Este 26 de septiembre es la fecha límite para firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, según estipula el artículo 21 del tratado. Este pacto se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, tras seis años de negociaciones.
Se trata de un convenio a nivel regional alcanzado en conversaciones presididas y lideradas por Chile y Costa Rica y que fue firmado por 23 países con el objetivo de garantizar los derechos ambientales, fortalecer la capacidad de cooperación internacional en la materia y fomentar el desarrollo sustentable para minimizar los efectos del cambio climático. Sin embargo, si bien Chile lo impulsó, hoy se niega a firmarlo.
"Se adoptó el tratado y se había decidido firmarlo, proceder a la ceremonia de firma en el mes de septiembre, en esta misma época del año 2018. Y a última hora, literalmente a última hora el presidente Piñera decide no firmar el tratado de Escazú para sorpresa de todos, sobre todo de los socios o los otros Estados negociadores que habían viajado a Nueva York a firmar, y finalmente firmaron el tratado", añade.
La negativa del gobierno de firmar Escazu, tratado que el mismo preparó e invitó a la región a suscribir, no es solo un golpe a la seriedad internacional de Chile, sino que exhibe la renuncia política a avanzar en medioambiente en un momento crítico de la humanidad.
— Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) September 23, 2020
"Asumir un liderazgo ambiental y no querer comprometerse en avanzar progresivamente en derechos humanos que tienen que ver con el acceso a la participación democrática en lo que se refiere a materias medioambientales, es una cuestión sumamente grave", señala a Sputnik la abogada especialista en medio ambiente y directora política de Greenpeace Josefina Correa.
En septiembre de 2018, 23 países suscribieron el acuerdo, sin embargo, solo 10 lo han ratificado hasta el momento: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
"Los Estados en occidente reconocen a los derechos humanos como su límite de actuación y también como su motor de actuación. Por lo tanto, el tener un Gobierno que plantea que no existe la necesidad de firmar un acuerdo que ellos mismos promovieron y que involucra la implementación de un principio reconocido a nivel internacional en 1992 (declaración de Río) es sumamente grave", subraya Correa.
Contradicciones permanentes
A pesar que el canciller chileno, Andrés Allamand, descartó que exista contradicción entre la política ambiental del Gobierno y el rechazo a firmar el Acuerdo de Escazú, los fundamentos que precedieron la negativa junto con los razones presentados esta semana demostrarían lo contrario.
"El presidente Piñera en conjunto con el entonces presidente de Costa Rica habían hecho un llamado al resto de los países a firmar Escazú porque estaban de acuerdo con el contenido, el objeto y fin del tratado", recuerda la doctora en Ciencias Políticas y Sociales.
Esto porque en el tratado de Escazú justamente, dentro de los mecanismos de solución de controversias, aparece mencionada la Corte Internacional de Justicia como un método optativo para cualquier país.
Hoy los argumentos del Gobierno no son limítrofes y son vistos por muchos actores sociales como incoherentes y contradictorios al negarse a firmar y sostener que les preocupan los temas medioambientales.
Rechazo del Gobierno a firmar Acuerdo de Escazú, da cuenta de su doble estándar en DDHH, prioriza intereses empresariales por sobre los derechos ambientales de las comunidades y pone a Chile al margen de la comunidad internacional.
— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) September 23, 2020
"No hay ninguna contradicción, Chile mantiene una política ambiental fuerte y resuelta que se mantiene firme", aseguró Allamand en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados este martes 22 de septiembre
Por su parte la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró en la comisión que "el problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó".
A su juicio, este tratado tiene características que se sitúan "en un continente profundamente diverso y diferente en sus realidades estatales", es un pacto que consagra normas que pueden ser interpretadas por cada uno de estos Estados para alcanzar los objetivos de manera progresiva, "tal como se propone en los principios".
"Por lo tanto, decir que [la ambigüedad] es un argumento para no firmar, cuando además se fue partícipe de los textos negociados, habla de una profunda incoherencia y, nuevamente, de un desconocimiento del marco de los tratados internacionales", remarca la abogada de Greenpeace.
Los argumentos del Gobierno de Piñera contra el Acuerdo de Escazú
Fue a través de un documento de 12 páginas, elaborado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, que el Gobierno entregó una serie de razones para no firmar al pacto, dentro de las cuales destacan cuatro, una de ellas es aquel punto que hace mención a que "el acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas".
El Ejecutivo advierte frente a este punto que "el artículo 3 del Tratado de Escazú establece una serie de principios para guiar su implementación. Estos pasarían a tener una jerarquía superior, modificando y condicionando los principios que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno".
Para la abogada de Greenpeace, justificar que introducen principios que no estarían claramente definidos "habla del profundo desconocimiento y, por decirlo de una manera más clara, la desidia que tiene este Gobierno en relación a la evolución histórica del sistema internacional de los Derechos Humanos".
"Estos principios se encuentran actualmente en nuestra legislación, y además de ser inherentes de un sistema democrático y garante de derechos", lo que demuestra la falta de conocimiento de las autoridades.
Otro de los motivos de la autoridad estatal para la negativa es que "el acuerdo implica cambios en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica", lo que para Greenpeace no es necesariamente cierto.
"El acuerdo supone el establecimiento de objetivos a alcanzar que dicen relación con la actuación del Estado en facilitar la implementación de los derechos de acceso a la participación, a la información y a la justicia medioambiental, además de hacerse cargo del tema de defensores ambientales, pero evidentemente no va a significar cambios a nuestra Constitución distintos de lo que significa actualmente el tener consagrado el derecho a un medioambiente libre de contaminación dentro de nuestra Constitución", detalla.
Porque lo que se busca con esta implementación de derechos, para ambas especialistas, es la asimetría que existe en las intervenciones ambientales, "es decir, son grandes poderes económicos o estatales que toman decisión sobre el desarrollo de territorios que muchas veces no tienen las capacidades para enfrentarse en igualdad de condiciones, a participar en la toma de decisión".
Una apreciación que no comparte Josefina Correa, porque la solución de controversias internacionales es optativa, punto que también señala Paulina Astroza, y porque según la abogada "hoy cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos consagrados en el bloque internacional de Derechos Humanos", es decir aquellos que están dentro de los pactos internacionales, como lo establece la Constitución chilena, puede asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acceder a la justicia.
Una legislación medioambiental robusta
La ministra de Medio Ambiente insistió, pese a la negativa de ratifica el acuerdo, en que su Gobierno está comprometido con "todos y cada uno de los fundamentos ambientales que son bases del tratado", y que, por lo demás, "Chile cuenta con una legislación ambiental robusta y pionera en la región".
Afirmaciones que están al comienzo del documento de doce páginas donde se asegura que "Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia".
Algo que refuta completamente Josefina Correa: "La legislación ambiental chilena no es robusta. De hecho, el ministerio del medio ambiente tiene menos presupuesto que algunos programas de otras carteras, y la superintendencia del medio ambiente es una de las superintendencias que menos presupuesto tiene para fiscalizar".
"La implementación ambiental no ha sido robusta, ni efectiva, ni buena, ejemplos como el de Pascua Lama, donde tenemos un fallo pronunciado más de 19 años después de la primera aprobación, y casi 25 de la primera judicialización, habla de la inexistencia de justicia ambiental."
Casos como la contaminación de Quintero-Puchuncaví y el tener más de 100 conflictos socioambientales abiertos, para la jurista demuestran la debilidad de la legislación ambiental en Chile. "El diagnóstico que hace la ministra Schmidt, parece que es un diagnóstico muy apegado a una estructura o un relato de informes, pero que no está evidenciada en la realidad concreta de nuestro país".
Para muchos de los involucrados las verdaderas razones para rechazar el tratado son económicas, "los motivos reales que están detrás de esta negativa a firmar, creo que van muy ligados a los temas de reactivación económica y la necesidad de darle estabilidad a un sistema basado principalmente en la explotación de recursos naturales", opina Josefina Correa.
Este es un razonamiento que no está dicho directamente por la autoridad, "lo que sí dice el Gobierno es este miedo a judicialización, que aumenten los casos es materia medioambiental en que las comunidades, en que las personas puedan reclamar por proyectos que se quieran ejecutar en el país, y existe un temor al tema de las inversiones, o al tema de afectar a algunos sectores de la economía".
"Nuestra economía se basa peligrosamente en los recursos naturales y es de alguna manera el desarrollo que ha venido apostando Chile desde siempre, la explotación minería, explotación intensiva de bosques, explotación intensiva de la agroindustria, explotación intensiva de la acuicultura. Claramente el dar más participación y más información a las personas respecto a esta materia les genera al parecer cierto ruido", recalca Correa.
Chile: entre el engaño y una debilitada imagen internacional
Para la organización ambientalista, el Gobierno presentó el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25, y hoy resulta que fue habría sido un engaño.
"El Gobierno del presidente Piñera está engañando a la ciudadanía y la ha engañado de manera sistemática, y lo hemos visto además en la misma información que hemos accedido en este contexto tan delicado como la pandemia", acusa Correa.
Para la abogada, lo mismo ocurre con el caso Quintero-Puchuncaví donde "hemos tenido un Gobierno, desde las intoxicaciones masivas el 2018, diciendo que el Estado está haciendo todo lo posible, cuando más del 80% de los días la ciudadanía se encuentra en gestión de episodios críticos de azufre".
Astroza no lo califica como un engaño, pero si es una "mala señal" del compromiso real" que se tiene el Gobierno por una mayor participación ciudadana en estos temas y lo declarado en el concierto internacional.
Para la doctora en Ciencias Políticas, Chile no queda bien a nivel internacional al restarse a la última hora de un tratado internacional en materia de medio ambiente, de participación ciudadana, de Derechos Humanos, promovido por el país.
Más aún cuando todavía se tiene la presidencia de la COP25, cuando se es parte del Acuerdo de París, "hemos celebrado muchos otros tratados en materia medioambiental, y por lo tanto no se entiende la posición de Chile hoy día de no querer firmar el acuerdo de Escazú para seguir con la tramitación y finalmente ser parte de este tratado internacional".
"Chile queda con una reputación dañada en términos regionales, en términos que se refiere la integración regional y a cómo tenemos que ver la cooperación de nuestro continente particularmente arrasado en términos medioambientales", señala Correa.
Para la abogada ambientalista el país sudamericano queda en un lugar de inconsistencia respecto a su propio actuar, " eso deja una sensación amarga y deja una sensación de falta de seriedad, y de falta de seriedad con un tema demasiado trascendental para una república democrática como son los derechos humanos, y en particular los derechos humanos ligados al medio ambiente cuando estamos frente a una crisis ecológica y climática", sentencia.
