¿Peligra en España la independencia judicial?

Los grupos parlamentarios de los partidos que integran la coalición de gobierno en España, PSOE y Unidas Podemos registraron el 13 de octubre una propuesta de ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de desbloquear su renovación.

Este órgano, encargado de decidir todos los nombramientos importantes de la carrera judicial, lleva casi dos años sin renovar sus cargos. La composición del CGPJ reviste especial importancia y hasta ahora ha sido consensuada por el Parlamento, donde las formaciones políticas acuerdan las candidaturas, que suelen ser etiquetadas como jueces progresistas o jueces conservadores. La idea que avanzó la portavoz socialista, Adriana Lastra, consiste en mantener la mayoría de tres quintos (210 diputados de la cámara), para lo cual se necesitaría el apoyo de la oposición.

Pero en caso de que no se alcance esa mayoría necesaria y la situación se bloquee, tal y como ocurre en la actualidad, se propone aprobar la renovación del CGPJ con una mayoría absoluta (176 diputados) pasadas 48 horas de la primera votación.

La oposición parlamentaria española y diversas asociaciones de jueces denuncian que este método lesionaría la independencia judicial. El PP advierte que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional y ante la justicia europea en caso de prosperar su tramitación, pues la califican de "injerencia" en el Poder Judicial. El líder del PP, Pablo Casado, asegura que "ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial".

El Gobierno insiste

Al término de su participación en el Consejo Europeo el 16 de octubre en Bruselas, Pedro Sánchez volvió a defender ante los medios asistentes a su rueda de prensa la necesidad de proceder a desbloquear la renovación del CGPJ. 

El presidente del Ejecutivo ofreció al PP retomar "hoy mismo" una negociación que en agosto estaba cerrada "al 99%". "Llevo esperando dos años para suscribir un acuerdo con el señor Casado, lo habíamos alcanzado ya, pero el PP lo ha roto en dos ocasiones", declaró Sánchez, al tiempo que subrayaba que lo que se va a elegir "no son jueces", sino "su órgano de gobierno". El presidente español reiteró la necesidad de la reforma de elección del CGPJ y lamentó que la oposición la utilice con fines propios.

"El PP ha utilizado todo para derribar el Gobierno. No es nuevo, forma parte de una estrategia", aseguró. "Pero el poder legislativo tiene derecho a modificar la ley para que se cumpla la Constitución".

La UE ya avisó

En realidad fue la propia Comisión Europea la que mediante un informe sobre el Estado de Derecho reclamó el 30 de septiembre a España la renovación de los cargos del Poder Judicial, habida cuenta de que en diciembre cumplirá dos años sin renovarse.

El texto recoge la valoración del actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que califica esta demora "anomalía institucional", circunstancia que puede desacreditar el órgano. También se señala que la vía emprendida por el Ejecutivo español puede igualmente afectar la independencia judicial.

La opinión de los jueces

De las cuatro asociaciones judiciales que existen en España, tres de ellas ‒la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente‒ emitieron el 15 de octubre un comunicado conjunto alertando del peligro que supone para la independencia judicial la reforma anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Dicha reforma choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013 (…) y se aleja definitivamente de los estándares de independencia y de apariencia de independencia que son exigibles conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho", reza en el escrito.

La cuarta asociación, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), no suscribe este comunicado y el día anterior emitió el suyo propio, exigiendo la "renovación inmediata del CGPJ conforme con la legislación actual, exhortando a los grupos parlamentarios a un acuerdo sin dilación y sin bloqueos".

La portavoz de JJpD, la magistrada Ascensión Martín, manifestó a Sputnik que la composición del CGPJ debe renovarse "lo antes posible y con la mayoría parlamentaria de tres quintos de la cámara" que rige en la actualidad. "Este problema viene por el bloqueo sistemático de un grupo parlamentario en la renovación del CGPJ en plazo", afirma Martín, que matiza:

"Alternativamente, pero solo en el caso de que el bloqueo se produzca de forma indefinida, entenderíamos que se pudiese legislar con el fin de regular las competencias que tiene el órgano de gobierno de los jueces estando en funciones, al igual que otros órganos administrativos de carácter colegiado, que estando en funciones solamente puedan hacer lo que se entienda que es fundamental, de urgencia o que no puede posponerse".

¿Un obstáculo para los fondos europeos?

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró durante una sesión de control al Ejecutivo que la reforma propuesta por PSOE y UP pone en peligro incluso las ayudas europeas destinadas a España provenientes del Fondo de Recuperación.

En opinión de los expertos, antes que un obstáculo para recibir las ayudas de la UE, la problemática en torno a la renovación del CGPJ es "un argumento más para el bloqueo" del órgano judicial. Así lo expresa el economista Daniel Albarracín, quien afirma que "son precisamente las fuerzas conservadoras las más insistentes en que este fondo viene mal, porque de alguna manera sería gestionado por fuerzas políticas diferentes". En declaraciones a Sputnik, Albarracín sostiene que, al igual que ocurre en EEUU, "el poder que ostenta el sistema judicial no viene acompañado de una composición de la judicatura de carácter neutral ni independiente".

"Y esto es precisamente lo que ha sido visto como un problema por no contar con un Estado de Derecho adecuado en ciertos países del Club de Visegrado". 

"En cualquier caso", destaca este sociólogo y economista, "este riesgo aún no se ha invocado para el caso español, ni se ha manejado aún este argumento, que yo conozca, para referirse al Fondo de Recuperación Europeo. Pero tampoco es descartable".

Albarracín, que en la actualidad es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, advierte del peligro de bloqueo del propio sistema político español "a partir de prácticas como el Lawfare, donde el sistema judicial desbarata las iniciativas políticas que no están acordes al ideario conservador que reina en determinados niveles del sistema judicial por herencia de la época franquista o por influencia en su elección en la época del Partido Popular".

¿España como Hungría y Polonia?

El 15 de octubre, durante una reunión en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, y con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, con motivo de la cumbre del Partido Popular Europeo, Casado declaró que el Gobierno de España busca "atacar la separación de poderes" y "debilitar la democracia española".

Dirigentes del PP han comparado la situación en Hungría y Polonia, países a los que la UE exige reformas institucionales y un respeto al Estado de Derecho para acceder a la ayuda del Fondo de Recuperación, con la que se está dando en España

Desde la bancada socialista en el Parlamento Europeo refutan tal comparación. La presidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara, Iratxe García, calificó la polémica como "ficticia", asegurando que únicamente se halla "en el seno de determinados partidos", pero no en Bruselas.