"Hasta el momento, habiendo transcurrido trece días [hasta el 6 de octubre del 2020] desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura [habiéndose emitido para ello las boletas correspondientes] sin que se conozca de sus paraderos, tanto más que de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país. Se dispone que se proceda con la notificación roja de Interpol de todos los antes indicados sentenciados", dice la notificación del juez Iván León.
Al conocer sobre el pedido del juez, Correa dijo el 7 de octubre en su cuenta de Twitter: "Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos. Por si acaso, Iván León, juez temporal es un corrupto completo".
Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos.
— Rafael Correa (@MashiRafael) October 7, 2020
Por si acaso, Iván León, juez TEMPORAL, es un corrupto completo.
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Además de Correa, entre los sentenciados están el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.
Todos los sentenciados fueron acusados de formar parte de una estructura de corrupción en la que instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar las campañas políticas del partido oficialista Alianza País (AP), en ese entonces del exmandatario Correa.
Según la sentencia de casación, Correa y Glas instigaron a la exasesora Pamela Martínez "para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República"; Glas, por su parte, "instigó desde los sectores estratégicos y luego como Vicepresidente de la República y líder de su movimiento político para obtener los recursos económicos".
De acuerdo con la sentencia, el Estado debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.
Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa.
