"Con el objeto de garantizar la consecución de la verdad y dadas las recientes intervenciones públicas del señor Rodrigo Londoño Echeverry y del senador de la República Julián Gallo Cubillos ordeno la práctica de declaración jurada de los mismos, así como otras pruebas pertinentes", anunció la Fiscalía en un comunicado.
Asimismo, señaló que continuará "con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes" del asesinato.
Más temprano, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló en un video a través de Twitter que "la propia ley estatutaria de la JEP le permite a la Fiscalía continuar su competencia sobre la investigación de este hecho tan grave".
Asimismo, Ceballos hizo un llamado a la JEP para que tome de inmediato "una decisión respecto a la continuidad en el cargo del senador" Julián Gallo.
"La ley estatutaria establece que cuando alguien que está en el marco de la JEP reconoce, dentro de su obligación de decir verdad, la comisión de un delito, ese tribunal debe aplicar lo que en esa legislación se llama las sanciones propias, una de ellas puede expresarse en limitaciones a la libertades y derechos, como es el caso de la libertad de residencia y movimiento", explicó Ceballos.
Gallo sostiene que como comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, que operaba en Bogotá, fue él mismo quien "ejecutó la orden de asesinar" a Gómez Hurtado por orden de su entonces superior, Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', quien murió en una operación militar en 2010.
El pasado sábado, la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, anunció que el miércoles 30 de septiembre, "en carta dirigida a la JEP, las extintas FARC reconocieron seis homicidios (…), entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado".
La declaración de la FARC sobre su responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado (1919-1995) ha sido recibida con reproche y escepticismo por parte de varios sectores, entre ellos la propia familia del político, que desde años atrás señalan al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de ser el directo responsable del magnicidio.
La carta de reconocimiento de los seis asesinatos fue recibida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y está firmada por antiguos integrantes del Secretariado de las antiguas FARC, entre ellos Julián Gallo y el también senador Pablo Catatumbo, así como por el exguerrillero Pastor Alape.
Mientras, "Timochenko" ratificó la autoría del crimen por parte de las FARC en una carta dirigida al excongresista, político y gestor de paz Álvaro Leyva Durán y que fue hecha pública el martes por la prensa local.
