El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de inhabilitación del Tribunal de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat por unanimidad, ya que el presidente de Cataluña no retiró los lazos amarillos y una pancarta de apoyo a los presos del procés de los edificios públicos de Cataluña en periodo electoral.
Según informó el alto tribunal, los magistrados del Supremo ratificaron de forma unánime la sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó al presidente catalán por un delito de desobediencia.
Quim Torra fue condenado por negarse a retirar de la fachada de la sede del Gobierno catalán y otros edificios públicos unas pancartas de apoyo a los líderes independentistas encarcelados, durante la campaña de las elecciones españolas de abril de 2019.
La decisión de Supremo, que ya le ha sido notificada a Quim Torra, le obliga a abandonar la Generalitat y Cataluña deberá buscar un nuevo presidente. Y es que en su resolución, los jueces del Supremo consideran que el líder del Ejecutivo regional "desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral".
La decisión del Supremo ha sido trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, encargado de ejecutar la sentencia para dejar a Torra fuera de la presidencia de forma definitiva. "La Sala de lo Civil y Penal del TSJC dicta auto que abre la ejecución de la sentencia al Muy Honorable presidente de la Generalitat una vez conocido el pronunciamiento del Tribunal Supremo y que hace efectiva, desde hoy, la pena de inhabilitación", informó el tribunal catalán.
El propio presidente catalán admitió durante el juicio que se celebró en noviembre del año pasado en Barcelona que no había obedecido las órdenes de la Junta Electoral española al considerar que el órgano era de inferior autoridad a su persona.
En el recurso que presentó su defensa y que el Supremo ahora rechaza, Torra alegó que se trataba de "órdenes ilegales" que "atentaban contra su libertad de expresión".
El Supremo lo destaca así en su sentencia, recordando que el dirigente "en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral" admitió "la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat (...) y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central".
En ese sentido, la Sala insiste en que el objeto del proceso judicial contra Torra es analizar "la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales".
En conclusión, el Supremo constata a la vista de todo lo analizado, "la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad".
Las consecuencias concretas de la condena son la inhabilitación especial de cargos públicos electivos durante un año y seis meses y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público.
Esta resolución conduce a Cataluña a una nueva crisis institucional: sin presidente, con un Gobierno en funciones en plena pandemia y sin previsión de celebrar elecciones pronto.
El próximo paso para las formaciones catalanas debería ser la presentación de un candidato para someter a debate de investidura en el Parlamento catalán, pero no lo harán por petición del mismo Torra.
Ante la falta de un sucesor, queda un resquicio legal que permitiría al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, comunicar a la Cámara la imposibilidad de investidura y activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones.
Este escenario prolongará la excepcionalidad del Gobierno catalán hasta 2021, aplazando los eventuales comicios hasta finales de enero o principios de febrero.
