"El presidente Torra no tuvo un tribunal imparcial, se vulneró esta garantía y así lo hemos hecho constar en el escrito de recusación", afirmó el abogado de Torra, Gonzalo Boye, durante la vista que se celebró este 17 de septiembre en Madrid.
El Supremo revisará la condena a un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Torra en diciembre de 2019 y su defensa recurrió.
La institución catalana halló a Torra culpable de un delito de desobediencia por negarse a retirar una pancarta de apoyo a los políticos independentistas presos de la fachada de la sede de su Gobierno, durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019.
El abogado de Torra arrancó su relato alegando una "vulneración" de los derechos del presidente catalán al haber sido juzgado por "un tribunal parcial", uno de los principales argumentos de la defensa desde el comienzo de su periplo judicial.
Boye aseguró que con esta condena están "en juego" los "derechos de participación política" del dirigente y pidió al Supremo que le absuelva pese a que muchos "dan por hecho" que la decisión será en su contra.
"Nosotros estamos aquí porque creemos que estamos a tiempo de hacer nuestras alegaciones y que ustedes actuarán conforme a derecho", manifestó el abogado ante los magistrados que tendrán la última palabra sobre el futuro político del líder independentista.
Quim Torra remodela el Gobierno catalán a semanas de su posible inhabilitación
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Otro de los puntos del argumento de la defensa, que tuvo 20 minutos para exponer su relato, fue que el tribunal catalán que condenó a Torra inadmitió una serie de cuestiones prejudiciales que se querían elevar a instancias europeas.
En concreto, se quería plantear varias cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en referencia a las garantías del tribunal y la supuesta desproporción de la condena.
Boye cuestionó en la vista que "se pueda privar" a Torra de "su derecho de participación" por una sentencia penal que no se refiere a "un delito grave".
Los abogados también cuestionan que las órdenes de retirar la pancarta vinieran de la Junta Electoral Central (JEC) de España, un órgano que consideran inferior en autoridad al presidente de Cataluña.
"No se podía cumplir la orden porque no venía de una autoridad superior ni competente y pedía que vulnerara los derechos de las personas que trabajaban en la sede de la Generalitat y tenían colgadas las pancartas", afirmó Boye.
El abogado terminó su intervención insistiendo en que la condena significó una "vulneración de la libertad de expresión" de Torra porque las críticas de la pancarta eran "un acto político".
También recordó que el presidente "gozaba de inviolabilidad por ser miembro parlamentario" en ese momento.
"Una sentencia es buena en la medida que resiste, y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no lo hace", concluyó Boye.
El "castigo" a Cataluña
Además, Quim Torra acusó al Estado español de "castigar" a Cataluña en mitad de la pandemia del coronavirus, si la justicia confirma su inhabilitación y le aparta de su cargo al frente del Gobierno regional.
"Esto no es un castigo contra mí por una pancarta, es un castigo para un país entero [Cataluña] en mitad de una pandemia", manifestó Torra en una declaración institucional desde la ciudad de Madrid.
En una comparecencia tras acudir como público a la vista del Supremo, Torra aseguró que su cese y la consecuente "caída" del Gobierno catalán sería una "irresponsabilidad" en el contexto de crisis sanitaria actual.
También recordó que se le pretende cesar por una pancarta y tachó de "desproporcionada" y "falta de sentido de la justicia" la actuación judicial que pretende apartarle de su cargo.
El presidente catalán destinó gran parte de su discurso a criticar la "decadencia de la democracia" en España, que situó "a años luz de los estándares" de la Unión Europea.
También acusó al Estado de liderar una causa contra el movimiento independentista catalán y de "amenazar y perseguir" a sus líderes, además de pretender "inhabilitar un presidente en ejercicio de su mandato, en medio de una pandemia y una crisis monumental".
"La decisión hoy es más clara y nítida que nunca: o la decadencia de una España monárquica que da vergüenza en Europa o la esperanza de la República Catalana", concluyó el dirigente, que animó a los partidarios de la independencia a "no recular ni un centímetro".
El cese del líder catalán llegaría en un momento de profunda división interna en el seno de los partidos independentistas, que no consiguieron concretar una estrategia para afrontar el futuro de su Gobierno.
Pese a este escenario, Torra se mostró convencido en su discurso de que "si la mayoría de las catalanas y catalanes quieren construir una República libre, esta expresión democrática y pacífica prosperará".
