Torra se acogió a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le citó como investigado por un presunto delito de desobediencia.
"La comparecencia ha tenido una duración de 3 minutos ya que el investigado se ha acogido a su derecho a no contestar a ninguna de las partes", informó el tribunal catalán poco después de las 10:00 (hora local).
El líder independentista llegó a la sede del TSJC en Barcelona acompañado de dirigentes como el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y la portavoz de su Ejecutivo, Meritxell Budó.
Torra enmarcó su segunda causa por un presunto delito de desobediencia en una "persecución política" contra el movimiento independentista catalán.
"El juicio se enmarca en lo que es una persecución política contra los independentistas catalanes y le he recordado al juez que el independentismo es una causa justa de una minoría nacional", afirmó en una declaración institucional tras comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Quim Torra habló durante tres minutos y posteriormente se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que le citó como investigado en una nueva causa por desobediencia.
"Le dije al magistrado que no era un tribunal neutral, que diga lo que diga y haga lo que haga la sentencia ya está escrita", dijo el líder independentista en una declaración televisada después de la vista.
Torra comparece ante el juez acusado por segunda vez de un delito de desobediencia, en esta ocasión por no descolgar de la fachada de la sede de la Generalitat una pancarta de apoyo a los líderes independentistas presos durante la campaña de las elecciones españolas del 10 de noviembre de 2019.
Los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2019, cuando este tribunal dio a Torra un periodo de 48 horas para retirar el cartel pero la orden no fue cumplida hasta el día 27, ya expirado el plazo y después de que el TSJC ordenara a la Policía catalana ejecutarla.
Torra denunció entonces que se había producido una "vulneración flagrante" del derecho a la libertad de expresión y afirmó que estos símbolos respondían a un reclamo "mayoritario" de la sociedad catalana.
Se trata de la segunda causa por negarse a retirar símbolos políticos a la que se enfrenta el líder independentista y sucesor de Carles Puigdemont, el expresidente catalán que reside en Bélgica desde 2017 huido de la justicia española.
Esa primera sentencia se encuentra pendiente de un recurso presentado por la defensa del presidente catalán ante el Tribunal Supremo de España, que celebró el pasado 17 de septiembre una vista para revisar el caso.
Los magistrados del alto tribunal español se pronunciarán en los próximos días sobre el fin de la presidencia de Torra, que si se hace efectivo desencadenaría una nueva crisis institucional en el Gobierno catalán.
