"La decisión de imputar a Julian Assange es una escalada masiva y sin precedentes de la guerra del presidente [Donald] Trump contra el periodismo", declaró Trevor Timm, director y cofundador de Freedom of the Press Fundation (FPF), fundación establecida hace ocho años en San Francisco para proteger la libertad de prensa en la era de las nuevas tecnologías de comunicación y del florecer de filtradores de información confidencial.
Periodismo en el banquillo
La fundación californiana ha contribuido con 100.000 dólares a los gastos de la defensa de Assange contra la orden de entrega para ser juzgado en EEUU por la obtención, posesión y divulgación de informes secretos militares y diplomáticos, según confirmó el también abogado al prestar declaración por vídeo conferencia.
"El auto de procesamiento es claramente inconstitucional", señaló en referencia a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que ampara el derecho a la libertad de expresión.
Timm restó importancia a la profesión del fundador y exdirector de WikiLeaks —el auto de cargos alega que no es periodista, según le recalcó el representante legal del Gobierno estadounidense— y aseveró que se acusa a Assange con la ley del espionaje por "ejercer las funciones de un editor y periodista".
El director de la FFP testificó en la tercera jornada de la segunda fase del juicio de extradición, que se está celebrando, en presencia del reclamado, en la Corte Criminal Central, el renombrado Old Bailey.
Antes, tomó la palabra el académico británico Paul Rogers, quien expuso la "amplia dimensión política" encubierta en la orden de extradición ratificada por el departamento de Justicia de EEUU.
Amenaza a EEUU
Rogers, profesor emérito de la Universidad de Bradford, experto en la guerra contra el terrorismo, argumentó que las revelaciones de WikiLeaks sobre las guerras de Irak y Afganistán son un "peligro para Estados Unidos".
Si Timm destacó la "hostilidad" del presidente norteamericano respecto a un sector de los medios que tacha de difundir 'fake news' (noticias faltas), el profesor Rogers argumentó que el Gobierno de Trump percibe al periodista e informático australiano como un "adversario político".
"Es un individuo con ideas políticas bastante fuertes, que la administración Trump percibe como una amenaza para EEUU", añadió el académico.
Libertario político
Para el académico, el fundador de WikiLeaks es un "libertario" concienciado que lucha por hacer valer los derechos humanos y asegurar la "transparencia y responsabilidad" en todas las esferas de poder.
Así, Assange no encaja en las grandes corrientes políticas, ya sea marxismo o capitalismo, y busca trasladar su visión no sólo a los entes de gobierno, sino a corporaciones, sindicatos y organización en general, de acuerdo con el académico.
"Se le percibe como antiamericano debido a sus filtraciones sobre Irak y Afganistán, pero realmente su visión política es más amplia", añadió.
Presión desde lo más alto
Rogers reiteró en su testimonio, tanto escrito como en sus respuestas al ser interrogado por los abogados de ambas partes, su visión del móvil político del proceso por presuntos delitos cometidos por Assange hace una década.
"Está motivado por el cambio político en EEUU. Obama no tomó la decisión de imputarlo en los ocho años de su presidencia. El cambio se produjo con Trump y hay pruebas de influencia al más alto nivel político. Se ejerció presión desde el presidente hasta niveles más bajos en favor de procesarlo", defendió.
El profesor no disputó la asumida imparcialidad ni la buena fe de los funcionarios del departamento de Justicia y la Fiscalía estadounidenses que están tramitando el caso.
