El nombre Pluspetrol no cae nada bien entre los integrantes de las comunidades indígenas de la Amazonía norte de Perú. Es que la empresa que actualmente es el mayor productor de gas y petróleo de Perú lleva casi 15 años eludiendo los reclamos de los habitantes de la zona para que remedie la contaminación que dejó en el lugar.
El Lote 1AB está ubicado en el norte de la región peruana de Loreto, casi en la frontera entre Perú y Ecuador. Junto con el Lote 8, ubicado en la misma zona, constituyen la reserva petrolera más importante de la zona selvática del país sudamericano. De hecho, y según datos oficiales, del lote 1AB se extrae casi un cuarto de la producción total de crudo de Perú.
Si bien el auge de la explotación petrolera en la zona fue en la década del 70, cuando llegaron a operar unas 14 empresas en el territorio, desde mediados de los 90 la zona quedó en manos exclusivas de Pluspetrol, en ese momento de capitales argentinos. En 1996 ganó la licitación para operar en el Lote 8 y en 1999 también en el Lote 1AB. La extracción de petróleo comenzó en el 2000.
Pero la actividad petrolera comenzó a afectar a la región, donde se encuentran las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Además, el área es la residencia de varios pueblos indígenas como Achuar del Corrientes, Quechua del Pastaza y Kichwa del Tigre. "Las poblaciones indígenas han sido testigos de cómo los ríos, las cochas (lagos), las quebradas, los bosques, la tierra y las fuentes de agua subterránea han sido y siguen siendo contaminados con total impunidad", señalan los pueblos organizados.
Los indígenas aseguran que la acción de esta empresa provocó "verdaderos crímenes ambientales" en la zona y ponen como ejemplo "la desaparición de dos lagunas", en referencia a Shanshococha y Ushpayacu. También mencionan "el vertido de aguas de producción altamente tóxicas en los ríos" y la ocurrencia de varios derrames de crudo producto de la falta de mantenimiento de los ductos internos.
Por eso, los pueblos indígenas de Loreto no se han quedado quietos durante la pandemia. El 12 de agosto pasado, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Fenacor), la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (Opikafpe) y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) enviaron una carta a la OEFA para conocer en qué estado están los lotes operados por Pluspetrol.
En el documento que presentaron, las organizaciones indígenas reportaron 1209 puntos contaminados por la acción de la empresa y 51 cuerpos de agua "impactados" y ubicados en territorios ancestrales que, según las organizaciones, "requieren urgente evaluación".
¿De quién es y dónde está Pluspetrol?
La carta presentada en agosto no fue la única acción de los indígenas para lograr una respuesta en plena pandemia. En marzo, el líder de la Fediquep, Aurelio Chino Dahua, emprendió un viaje a Países Bajos para presentar una queja formal ante el Gobierno neerlandés por los incumplimientos de Pluspetrol, cuya sede administrativa está en Ámsterdam.
Pero la queja de los indígenas peruanos contra Pluspetrol no solo abordaba la contaminación producida en tierras de la Amazonía peruana, sino que también evidenciaba una maniobra de la multinacional para evadir el pago de impuestos en Perú.
Si bien Pluspetrol nació en Argentina, en 2010 instaló su casa matriz en Ámsterdam, tal como dejó al descubierto en 2015 una investigación de la organización de periodistas OjoPúblico.
De acuerdo al Centro de Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) —una organización internacional sin fines de lucro dedicada a investigar empresas multinacionales y que apoyó la denuncia de los indígenas peruanos—, Pluspetrol logró fijar su residencia en Ámsterdam a través de lo que se conoce como una "empresa buzón", es decir, empresas sin actividad económica real en el país en el que están asentadas que tienen como único fin brindar una dirección a la multinacional.
Pero la empresa buzón, denominada Pluspetrol Resources Corporation B.V, es solo el eje central de un complejo entramado de sociedades offshores en varios paraísos fiscales. Un diagrama realizado por SOMO muestra cómo la firma basada en Ámsterdam es la titular de otra sociedad con sede en Islas Caimán, la que controla a las cuatro empresas beneficiarias de los permisos de prospección en Perú.
A su vez, Pluspetrol Resources Corporation B.V cuenta con tres accionistas domiciliados en Luxemburgo y constituidas bajo el régimen de sociedades de responsabilidad limitada: Willow Tree, Century Holding y Endurance Corporation. La madeja no se corta en Luxemburgo, ya que las tres empresas dependen, a su vez, de las firmas The Forest Trust y Berna II Settlement, constituidas en Las Bahamas y Nueva Zelanda.
En marzo, cuando Chino Dahua viajó a Países Bajos para denunciar a Pluspetrol, los periodistas de OjoPúblico Ernesto Cabral y Aramís Castro intentaron rastrear la casa matriz de la petrolera en la capital neerlandesa. Encontraron una oficina en el Edificio Baxter, a pocas cuadras de la estación central de Ámsterdam. Lejos del célebre edificio de los cómics de Marvel (en el que, entre otras cosas, los Cuatro Fantásticos tenían su cuartel general), el Edificio Baxter de la vida real tiene cinco pisos y se presenta como un edificio corporativo que ofrece oficinas para empresas grandes, pequeñas y hasta para aquellas que "no necesitan una oficina física" pero sí buscan "una dirección comercial en un edificio prestigioso".
Pluspetrol "constituyó esta estructura para eludir impuestos sobre las ganancias que obtienen en Perú", aseguró al mismo medio Jasper van Teeffelen, uno de los especialistas en elusión tributaria de SOMO.
A pesar de la insistencia de las organizaciones indígenas, Pluspetrol sigue sin responder a las acusaciones. De hecho, la empresa también elude los reclamos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, que sigue reclamando la presentación de un Plan de Abandono de sus pozos que reconozca la totalidad del daño causado. En los dos primeros planes presentados por la empresa en 2015 y 2016, Pluspetrol solo reconocía 49 sitios contaminados, por lo que fueron rechazados y motivos de sanciones por parte del Gobierno peruano. Según OjoPúblico, un tercer informe presentado a finales de 2019 solo reconocería 35, por lo que también sería rechazado.
En tanto, los reclamos de los indígenas peruanos ante el Gobierno neerlandés y la OCDE aún no han tenido una respuesta. "Esperemos que el Gobierno neerlandés pueda convencer a Pluspetrol de tomar responsabilidad por el terrible daño que la industria del petróleo ha hecho a nuestra gente", decía Chino Dahua.
