"La PGE (Procuraduría General del Estado) está en la CPI de La Haya presentando la denuncia por delitos de lesa humanidad en contra de Evo Morales y otros, por el cerco a las ciudades que causó más de 40 fallecidos por falta de oxígeno medicinal. La impunidad no puede prevalecer", dijo la presidenta Jeanine Áñez.
Tras el anuncio de la gobernante, medios estatales reportaron que la demanda contra Morales y los dirigentes Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana (COB), y Leonardo Loza, de los sindicatos cocaleros, fue presentada por el procurador general, José María Cabrera.
"Pacificación"
La demanda contra Morales y los líderes sindicales parecía contradecir el discurso oficial de que Bolivia vivía una "segunda pacificación" tras las recientes protestas sociales que forzaron a la Presidenta a promulgar una ley que define como impostergable a la fecha electoral, que ya fue pospuesta tres veces desde mayo.
"No podemos permitir que el más perverso de los abusos de poder que se ha cometido en Bolivia quede impune. Que Evo Morales vuelva a Bolivia, pero no a seguir humillándola como lo ha hecho, sino a responder a las denuncias de pedofilia que crecen en su contra", añadió la presidenta en su anuncio de la demanda en la CPI, refiriéndose a acusaciones de que el exmandatario mantuvo una relación con una menor.
La demanda sostiene que Morales, Huarachi y Loza son responsables de la muerte de unas 40 personas presuntamente como consecuencia de los bloqueos carreteros —parte de la huelga nacional de fines de julio e inicios de agosto— que dificultaron el transporte de oxígeno a los hospitales.
Morales sería culpable como incitador y los dos sindicalistas como actores directos de la protesta, según la agencia estatal de noticias ABI.
Ese medio señaló que las protestas denunciadas "durante más de diez días impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos que resultaban imprescindibles para atender la emergencia sanitaria".
Anuncios gubernamentales previos de un juicio contra los líderes de la reciente huelga nacional pro elecciones fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo como "intento de criminalización del derecho a la protesta".
Huarachi dijo a mediados de agosto, cuando el Gobierno dijo que iniciaría un juicio en los tribunales nacionales, que no tenía miedo a un proceso y señaló que la falta de insumos médicos para enfrentar la pandemia no fue causada por las protestas sino que era evidente desde el inicio de la crisis sanitaria.
Deficiencias de infraestructura, de insumos y de equipamiento de bioseguridad para combatir al nuevo coronavirus han sido denunciadas recurrentemente desde marzo por médicos y otro personal de los colapsados hospitales públicos del país.
