Mientras organizaciones como Amnistía Internacional y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elevan denuncias sobre casos de violencia institucional durante la pandemia de COVID-19, los familiares viven momentos de desasosiego al superarse los 100 días de la desaparición de un joven en la provincia de Buenos Aires.
El joven se dirigía a ver a su exnovia, con quien convivió hasta su ruptura en febrero, cuando volvió a vivir a su pueblo con su madre, Cristina Castro, y su hermano menor. Pero nunca llegó a destino. La exnovia desconocía el plan de Facundo de ir a verla y la familia supuso durante los primeros días que se encontraría con ella, incomunicado a voluntad, como solía suceder.
Con el pasar de los días, ante la ausencia y la imposibilidad de contactarse con su celular, los allegados de Facundo hicieron primero una búsqueda informal y el 5 de junio realizaron la denuncia policial para encontrarlo. El primer rastrillaje se realizó dos semanas después, el 19 de junio.
¿Qué pasó con Facundo?
Según se pudo reconstruir, una mujer lo recogió ese 30 de abril en su auto a 17 km del punto de partida y lo dejó a 30 km de Pedro Luro a la entrada del pueblo de Buratovich. Allí, cerca de las 10:00 lo pararon dos agentes de la policía bonaerense de apellidos Sosa y Curruhinca, quienes le tomaron una foto y labraron un acta por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus.
Sin saber que sería la última vez que hablaría con él, lo regañó sin poner atención a lo que él estaba queriendo decirle: "Mamá, no tenés idea de dónde estoy. No me vas a volver a ver más", contó la mujer que le dijo su hijo en ese llamado, en entrevistas con los medios.
El teléfono de Facundo permaneció encendido hasta las 21:00. Antes de desconectarse, se envió un mensaje de texto a un amigo (que habría impactado en antenas de Bahía Blanca, según los registros de la compañía de telecomunicaciones) cerca de las 20:20, en el que le escribe que estaba sin señal ni batería. Para la querella, este mensaje es ya parte de un encubrimiento.
Según las declaraciones de policías y algunos civiles, después de que los dos uniformados labraron el acta a Facundo, una agente de civil de apellido Flores asegura haberlo alcanzado en su vehículo personal hasta la localidad de Teniente Origone, 23 km más adelante, alrededor de las 13:00.
En la cercanía de Origone, otro oficial de apellido González, en un patrullero, lo habría detenido nuevamente. Luego de comunicarse con el pueblo anterior y enterarse de que ya tenía un acta labrada, declaró que tomó una foto al carnet de conducir del joven (presente en la causa) y que lo habría dejado ir. En su primera declaración, aseguró que Facundo se subió a una camioneta que lo levantó en la ruta, pero en la segunda declaración dijo que lo vio irse a pie.
Pero las pesquisas de la querella contradicen el relato policial. Tres testigos civiles que se acercaron de forma voluntaria aseguraron haber visto a dos policías subir a Facundo a un patrullero entre las 14:00 y 15:00, a 5 km de la entrada de Buratovich.
Esta información, junto al maltrato que Cristina dice haber recibido de parte de la policía bonaerense, motivó que la querella pidiera el cambio de carátula de la investigación a desaparición forzada, además de provocar la separación de la fuerza provincial de la investigación, ahora a cargo de la Justicia federal.
Los rastrillajes en la zona no han ofrecido pistas sobre el paradero de Facundo y no hubo indicios para confirmar las sospechas de su posible paso por la comisaría de Buratovich. Sin embargo, peritajes con perros de rastreo realizados por la querella detectaron la presencia del olor de Facundo en las dos patrullas y encontraron en una bolsa fuera del puesto de vigilancia de Origone una pequeña artesanía que su madre asegura que era una sus pertenencias.
Investigaciones cruzadas
Contradicciones en los testimonios de testigos, en gran medida agentes de la policía, provocaron la fractura entre la posición de la querella familiar y la fiscalía encargada de la investigación, que descarta que existan pruebas para sostener el involucramiento de la fuerza.
"Hemos requerido insistentemente la designación de la Procuración General de la Nación de organismos técnicos especializados que permitirían una dependencia menor de las fuerzas policiales para la investigación", dijo a Sputnik Margarita Jarque, abogada en la causa y directora del programa de Litigio estratégico de la CPM.
La abogada aseguró que "hay determinadas oscuridades que no deben estar en una causa de estas características, y creo que todos coincidimos en que esta es la causa más importante en Argentina en este momento".
"Planteamos la necesidad de tener claridad respecto de cuál es el plan de investigación del fiscal y en función de eso ver si lo compartimos o no. Hasta ahora lo que aparece son una cantidad de medidas que buscan indagar en otras hipótesis que no es la principal, que entendemos nosotros es la desaparición forzada de persona", describió Jarque.
El fiscal, Santiago Ulpiano Martínez, aseguró en un comunicado oficial que no había encontrado pruebas suficientes para sostener la hipótesis que involucra a las fuerzas de seguridad locales.
La familia de Facundo presentó ante el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, dos pedidos de recusación del fiscal. El primero fue denegado y siguen esperando la respuesta al segundo, para el que aportaron más pruebas. Lo acusan de parcialidad a favor de la policía y entorpecimiento de los procedimientos.
Los peritajes sobre los teléfonos de los cuatro oficiales de policía investigados no aportaron elementos incriminatorios, aunque se descubrió que algunos de ellos intentaron borrar la mayor parte de las conversaciones de mensajería, registros de llamadas y las aplicaciones móviles, asegura la querella. La jueza y el fiscal descartaron su detención y procesamiento.
"El hallazgo de un objeto tan singular como el que fue encontrado en la comisaría de Origone consolida la pista policial. Hasta que eso no sea efectivamente indagado acompañamos los pedidos de detención e imputación a los cuatro policías que intervienen directamente en la escena, para poder echar luz sobre mensajes de texto que son crípticos, información de los dispositivos de localización de los patrulleros. Sin embargo hay una demora que va aflojando la investigación total", denunció la querellante.
Reclamo internacional
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos como Amnistía Internacional exigieron al Estado argentino una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para encontrar al joven y determinar responsabilidades.
A través de esta iniciativa de alcance mundial, esta organización exigió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez adoptar las medidas necesarias para encontrar a Astudillo Castro.
"Desde Amnistía Internacional ya hemos sumado a toda nuestra comunidad global para exigir a las autoridades que determinen el paradero de Facundo, aseguren una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre el caso, haciendo públicos los resultados, y que lleven a los responsables de su desaparición ante la justicia", añadió.