Considerado un documento clave internacional, el Tratado INF fue uno de los símbolos de la distensión de los años 1980.
La misión fue completada en mayo de 1991: la Unión Soviética destruyó 1.752 misiles balísticos y misiles de crucero y Estados Unidos, 859.
La eliminación de arsenales fue confirmada por inspecciones recíprocas llevadas a cabo posteriormente.
Acusaciones recíprocas
Sin embargo, a partir del año 2013, EEUU empieza a poner reparos a Rusia por presunta infracción del Tratado INF.
Moscú también culpó a Washington de incumplir las cláusulas del documento considerado piedra angular de la seguridad en Europa.
Las acusaciones recíprocas —particularmente de desarrollar misiles que violan el Tratado INF— fueron objeto de consultas de expertos en formato bilateral.
En el Congreso de EEUU se oyeron varias veces llamamientos a elaborar un proyecto de ley que acusara directamente a Rusia de la violación del Tratado INF y que despejara el camino para la salida de Washington de ese acuerdo, tal como fue hecho en el caso del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM).
El 20 de octubre de 2018, el presidente Donald Trump anunció la próxima salida de EEUU del Tratado INF.
El 1 de febrero de 2019, Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, declararon que a partir del 2 de febrero EEUU suspende su participación en el pacto y seis meses después lo abandonaría por completo.
Rusia también se retira
Al día siguiente, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la respuesta de Moscú será simétrica y que Rusia asimismo suspende sus obligaciones con el Tratado INF. Putin señaló que Rusia no desea implicarse en una carrera armamentista y mantiene sus propuestas de desarme.
El 31 de julio del mismo año, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, confirmó que su país se retira del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance el 2 de agosto de 2019.
Actualmente el único acuerdo de control de armas ruso-estadounidense es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), que se firmó en 2010 y entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable por otros cinco.
