Con votos de 82 diputados de oposición y 33 del oficialismo, la iniciativa —a esta altura considerada "emblemática" por la centroizquierda— fue aprobada en la Cámara de Diputados luego de haber sido ratificada en el Senado.
Con todos sus trámites legislativos al día, el documento viajó desde la ciudad costera de Valparaíso (centro), donde se encuentra la sede del Congreso Nacional, hasta el escritorio de Piñera en Santiago, y actualmente descansa en su despacho del Palacio de La Moneda. Ahora la pelota está en su lado de la cancha, y el mandatario sólo tiene tres opciones para responder. Aún no se inclina por ninguna.
Promulgar
Cuando se aprueba un proyecto de ley en el Congreso, o en este caso una reforma constitucional, el presidente de la República tiene 30 días de plazo para promulgarla formalmente. Si no lo hace, la iniciativa se entiende promulgada tácitamente. Sin embargo, esto significaría reconocer una de las derrotas políticas más duras de su mandato.
A este fracaso comunicacional del Gobierno se sumó la rebelión de la derecha. Casi 40 parlamentarios del bloque oficialista Chile Vamos, al que pertenece Piñera, dieron su aprobación para que la moción avanzara.
Esto fue considerado un golpe al corazón del liderazgo del mandatario, ya que él y su equipo político encabezaron las tratativas para intentar convencer —sin éxito— a los parlamentarios de su sector. Incluso, trascendió que él mismo tomó el teléfono y llamó a algunos indecisos, pero no logró cambiar los votos.
Tribunal Constitucional
La presidenta del partido Unión Demócrata Independiente (derecha), Jacqueline Van Rysselberghe, advirtió durante la tramitación de la iniciativa que éste tendría vicios de constitucionalidad. La senadora asegura que los proyectos que abordan materias de seguridad social deben ser de iniciativa exclusiva del presidente, es decir, redactados o impulsados por el Ejecutivo. Lo que en este caso no ocurrió.
Pero muchos expertos han señalado que esto no es viable, debido a que la limitación referida afecta sólo a proyectos de ley comunes y no a las reformas constitucionales como ésta. "El Tribunal Constitucional no tiene jurisprudencia para declarar inconstitucional una reforma constitucional", explicó, casi en trabalenguas, el abogado constitucionalista Javier Couso en entrevista con Radio Cooperativa.
El trámite puede ser ingresado por Piñera o por 11 senadores en conjunto. Esta última opción sería la más cómoda para el mandatario, ya que no tendría que cargar con el costo político de impugnar un proyecto tan popular.
Vetar
En un sistema hiperpresidencialista como el chileno, el jefe de Estado tiene amplias facultades en su rol de colegislador. Una de ellas es el derecho al veto supresivo. El mandatario, si lo estima conveniente, puede vetar el proyecto parcialmente y pedir al Congreso que cambie ciertos artículos con los que no está de acuerdo. O bien, puede vetarlo completamente, y pedirle a los parlamentarios que lo redacten de nuevo.
Pero todo cambió este jueves.
La Cámara de Diputados, que en un comienzo solo tuvo 95 votos a favor, este jueves en su trámite final consiguió 116, algo totalmente inesperado. Con ello, superó con creces el cuórum de dos tercios, por lo que el veto de Piñera sería prácticamente fútil si vuelve al hemiciclo. Además, en el Senado el proyecto se aprobó con 29 votos. También, más de dos tercios.
La encrucijada es compleja. Piñera decidió navegar en contra de un proyecto muy popular, que ofrece ayuda de manera inmediata a millones de familias que atraviesan por un periodo complejo debido a la crisis del coronavirus.
Ahora, Piñera está en la cancha y debe decidir si lanzar un golpe de volea a toda velocidad, jugando todas sus cartas para trabar el proyecto, o dejar que la pelota pase de largo y aceptar una derrota 6 a 0.
