"El 15 de Julio del 2020 se decidió recortar en 151 millones de pesos (casi 7 millones de dólares) del presupuesto de Inmujeres, después de que el 23 de abril de 2020, se publicó un decreto sobre medidas de austeridad presupuestaria ante la pandemia de COVID-19", dice la convocatoria de la campaña.
La necesidad de destinar fondos público para contener la propagación de la enfermedad y atender pacientes, "ha provocado reducciones del presupuesto para instituciones y programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia", dice el capítulo mexicano de la organización con sede en Londres.
La carta petitoria será entregada a las y los diputados, con el señalamiento de que el recorte del presupuesto es contrario a la ley.
Ese recorte y otras reducciones de fondos públicos a programas de género ignoran que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que "no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres".
Otras reducciones a programas de género
Con la llamada política de "austeridad republicana", el Gobierno también pretendió suprimir los fondos públicos de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente y el presupuesto que asigna la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para implementar las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género.
"Estos dos intentos de reducción lograron revertirse gracias a la acción ciudadana", dice la convocatoria.
Estas decisiones desconocen la obligación, establecida en la Ley de Presupuesto, de que cualquier cambio en el ejercicio del presupuesto para esa materia sea aprobado por la Cámara de Diputados.
La organización fundada en 1961 exhorta al Congreso a alzar la voz y "hacer valer sus facultades para proteger a las mujeres víctimas de violencias".
La misiva señala que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió disminuir por decreto el presupuesto de diversos programas y el destinado a instituciones que atienden las violencias contra las mujeres, en un país en el que los feminicidios aumentaron desde el comienzo de la pandemia.
"Estas medidas afectan de manera importante la atención a mujeres víctimas de las violencias", reseña la organización internacional.
La ley señala que cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5% del presupuesto total del ramo, la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, debe reportarlo en los informes trimestrales para una evaluación del Congreso.
Finalmente, la misiva pide ejercer la facultad de los legisladores de vigilancia y llame a comparecer al ministro Herrera, para que rinda cuentas sobre los recortes presupuestarios.
El gobernante replicó tajante: "no hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora, en México no se violan derechos humanos".
Los delitos como el acoso, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada y otros delitos que atentan contra la seguridad sexual de las personas también se incrementaron en el último mes, según cifras oficiales presentadas el 20 de julio.
A nivel nacional los casos de feminicidios subieron 40,3% entre mayo y junio, cuando se registraron 64 y 94 asesinatos por razones de género, respectivamente.
