Fundada por la periodista y activista Argentina Casanova que lideró la actividad, la Redmyh propuso el análisis asumiendo una perspectiva política amplia: que no sólo las mujeres que integran los partidos hacen política.
La reforma de diversas leyes que consagraron distintos mecanismos para hacer frente a la violencia política por razones de género fue sancionada el 13 de abril de 2020 y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Esta creó el delito homónimo como principal herramienta y abrió con él los canales para denunciar esta "zona gris" de violencia contra las mujeres organizadas, que aunque común y naturalizada en el país, no tenía vías institucionales para su desahogo y atención.
A continuación, Sputnik les presenta los principales conceptos vertidos por las panelistas de una amplia gama de mujeres organizadas en el sureste mexicano.
Mujeres y política
- Ligia Nichte-ha Rodríguez Mejía, primera visitadora general de la Comisión de derechos humanos de Campeche.
"La violencia política es un problema y una preocupación, pero sobre todo una acción. Cuando la defensa de los derechos humanos no se garantiza, no sólo se afecta a los colectivos en desventaja sino que representa un retroceso en la reivindicación de sus propias causas, así como una proliferación de la arbitrariedad y la impunidad", comentó.
Apuntó que según cifras de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, América Latina sigue siendo el lugar "en paz" más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos y que en el primer semestre del año 2019, se registró el mismo número de muertes violentas de defensores y defensoras que los ocurridos durante todo el año 2018.
Aunque el Estado de Campeche no tiene los niveles de violencia política más altos del país, afirmó que éste "es un mecanismo para imponer la voluntad ajena e impactar de manera forzosa y coercitiva sobre los roles y los protagonistas de la toma de decisiones"
- Liliana Lomelí, coordinadora del área de derechos humanos de la Redmyh.
"La violencia política en nuestro estado se ha limitado a la ejercida a las mujeres en los partidos políticos y otras se han invisibilizado históricamente pero, partiendo del planteo feminista de que lo personal es política, entendemos que toda participación activa por transformar la realidad es política y no corresponde sólo a las estructuras partidarias", expuso.
Para la panelista, el contexto de violencia política se refuerza con una actitud que sufren las mujeres organizadas al batallar por el reconocimiento de sus aportes en las transformaciones del Estado y que por el contrario, suelen recibir diversas manifestaciones "de violencia que forma parte de la estructura social"
- Nora Tzec, fundadora de la Asociación civil Ka´ Kuxtal Much Meyaj de Hopelchen, zona maya de Campeche.
"Llevo años trabajando en la construcción de participación política en nuestro territorio y tengo la ventaja de ser originaria de la localidad, pero ha sido un trabajo muy largo para visibilizar la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y la violencia en general, debido a la normalización y el machismo que permea toda la sociedad", enfatizó.
Tzec afirmó que la discriminación es uno de los grandes problemas que enfrenta una mujer indígena que emprende el camino de la organización política y que ha sido uno de los temas centrales que han buscado hacer evidentes a la par de su trabajo en la defensa del territorio, vinculado a la defensa de las semillas criollas en el sureste mexicano que, luego abrió el camino a otros temas vinculados al agua, los transgénicos y las fumigaciones aéreas intrínsecas al modelo de producción agroindustrial.
"Las agresiones que hemos vivido en la Península de Yucatán y particularmente en la región de Hopelchén ante el embate de la agroindustria nos han motivado para seguir en la lucha", sostuvo y aclaró que la construcción de confianza dentro de su propia organización fue una ventaja con la que contaron —dado el respeto que emerge de la misma— al momento de interactuar con otros actores e incluso, ante la violencia de los intereses corporativos de la región.
- Sheena Merle Ucan Yeh, promotora supervisora del programa de apoyo a la educación indígena, del Instituto nacional de pueblos indígenas (INPI).
"Mi experiencia personal en la participación y construcción de la toma de decisiones en las comunidades me mostró que hay diferencias entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, que son quienes públicamente deciden en las comunidades aunque las mujeres se encarguen de todo el trabajo de reproducción de la vida", subrayó.
"Vengo de una comunidad de la zona maya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo y actualmente formo parte del Consejo Consultivo de la comisión de DDHH del estado, pero el proceso para acceder a ese espacio ha sido un proceso largo y difícil por el peso que tiene en la comunidad que te vean como una rebelde, la mujer que no se ha casado y a la que se le imponen estereotipos por ser indígena, que nos inhiben del acceso a los cargos del servicio público", analizó.
- Mayra Fabiola Bohorquez González, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
"Existe resistencia para la participación política de las mujeres que no es sólo mediante amenazas, sino que es una resistencia estructural, ideológica y cultural porque todavía la política sigue siendo en ciertos aspectos, patriarcal y considerada un asunto de hombres", dijo.
Para graficar sus palabras abonó con la perspectiva de que aunque existe obligación de respetar la paridad de hombres y mujeres en los cargos electivos del Congreso de la Federación, los coordinadores de cada grupo parlamentario siguen siendo hombres, quienes mayormente se desempeñan como jefes de las bancadas partidarias.
Bohorquez explicó que durante el proceso electoral de 2018 se registraron informalmente 160 agresiones físicas a mujeres políticas, pero que no se pudo hacer ninguna denuncia formal al respecto porque no había delito que perseguir. Señaló por eso la importancia de la reforma legal del 13 de abril que tipificó esta conducta como delito que ahora sí se puede denunciar y que otorga a la Fiscalía General de la República la facultad de crear una base estadística nacional de violencia política por razón de género.
- Verónica Rosado, profesora e investigadora a tiempo completo Universidad internacional iberoamericana de Campeche.
"La mayor amenaza es la mujer misma desde el punto de vista de su seguridad, porque si una no se siente segura, cualquier cosa la va a sacar de la jugada, si te hacen sentir menos, te vas a ir. Pero si te sientes empoderada, crees en tus derechos y vas por el objetivo que traes no hay amenaza que te haga daño. El miedo es el único sistema que nos paraliza", comentó.
Rosado, desde su experiencia como candidata a diputada por el Estado de Campeche, habló de que ya existe una plataforma legal y jurídica que obliga a las instituciones a que las cosas funcionen conforme a la ley y que las mujeres deben estar consciente de ello. Y abonó refiriendo a la Reforma del 13 de abril de 2020 — que modificó la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres entre otros y que creó el delito de violencia política— es una herramienta más para defenderse de los ataques que siempre van a venir contra las mujeres que buscan romper con el lugar estereotipado de la obediencia.
"Ya paremos de lucha, desde 1915 nuestras ascendientes hicieron su primera lucha en Yucatán y desde 1953 conquistaron las mujeres el voto, ¿cuánto tiempo lleva esto? Más de medio siglo en que el voto es una plataforma clara para elegir y ser electas. Nos queda asumirnos, avanzar y dejar de victimizarnos porque hay que meterse en la mente que nadie te puede sacar de tu propio proyecto y que cada mujer que logra un peldaño da una oportunidad para las otras. En la medida que vayamos subiendo cada una, todas nos vamos fortaleciendo".
