España retrocede varios casilleros
La pandemia del coronavirus fue un torpedo en la línea de flotación de la economía de España. Las medidas de seguridad sanitaria y de distanciamiento social que aún requiere la COVID-19 que no acaba de ser derrotada, y mucho menos desterrada de ningún país del mundo, están dejando un páramo en la economía española.
Y la sorpresa viene más que nada porque este aumento del paro tiene lugar en un mes en que por naturaleza se da el proceso inverso, es decir, un aumento de empleo, sobre todo en los servicios, debido al inicio de la campaña turística del verano boreal. Pero las actuales circunstancias sentenciaron este rubro en España: en mayo perdió por lo menos 8 millones de turistas, lo que redunda en una pérdida de 8.100 millones de euros en ingresos por el cierre de fronteras. Si le sumamos el mes de abril, las pérdidas en ambos rubros se duplican.
No obstante, hace un matiz. "También es cierto que, independientemente de lo que pase este año y sin perjuicio de los posibles rebrotes de la epidemia en otoño, el impacto del turismo en España depende mucho de factores estructurales como el clima, las playas, las costas, que son factores objetivos, y que aunque el sector turístico pueda tener problemas graves este año o el año próximo como consecuencia de lo que ahora está sucediendo, los factores estructurales están ahí, y esto nos lleva a pensar que de alguna forma o de otra, ese sector se va a recuperar en el tiempo", observa.
¿Un Gobierno débil frente a las empresas?
En tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 40.000 millones de euros extra de garantías públicas del Instituto de Crédito Oficial [ICO] que estarán destinados de forma específica a proyectos de inversión, y en ningún caso a otorgar liquidez inmediata, sino a reactivar la economía de cara al medio-largo plazo.
Pero la polémica entre ambos frentes no se queda en eso. Y es que la pandemia del coronavirus que empujó a los más afortunados —en el sentido de que han conservado sus empleos— a realizar teletrabajo desde casa, ubica un nuevo escenario en lo relativo al desarrollo de una nueva normativa institucional en ese sentido.
Entonces, llegó un exabrupto de la patronal, sabiéndose con la sartén por el mango. Y el jefe de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, lanzó despiadado una amenaza. "Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal. El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se plantea esto".
"Estas declaraciones de Garamendi son una muestra de prepotencia", sentencia Zelaia.
Ante esto, el Gobierno sólo atinó a agachar la cabeza. "Son propuestas de trabajo que hay que profundizar en el marco del diálogo social", dijo sobre la propuesta de ley María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, como aquel boxeador que está contra las cuerdas a la merced de su oponente. Algo que deja mucho que pensar, máxime en un Gobierno que está integrado por el partido Unidas Podemos, que en principio defiende a capa y a espada los derechos de los trabajadores.
"Los empresarios evidentemente realizan una función importante en el desarrollo económico, pero sólo la realizan en la medida en que estén vigilados y con su actividad claramente ordenada a fines del interés general. Lo que se ha visto que es un desastre, y probablemente sea la causa fundamental del desastre europeo y occidental, es haber dejado el liderazgo de la propia sociedad en manos de los empresarios", sentencia Adrián Zelaia.