"El Gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un hackeo de su teléfono móvil", dijo en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo español, María Jesús Montero.
Según un estudio de un instituto de ciberseguridad de Canadá, un fallo en la red de mensajería Whastapp propició que en el año 2019 más de un centenar de personalidades de la sociedad civil a nivel internacional se vieran expuestos a un posible espionaje.
"Tuve conocimiento de que mi móvil fue atacado por el software de espionaje Pegasus, que solo puede ser conseguido por gobiernos y puede tener acceso a todo tipo de información", explicó el líder de la Cámara catalana.
Este programa, de origen israelí, es capaz de escuchar conversaciones, acceder a los mensajes, activar el control remoto de la cámara y el micro y hacer capturas de pantalla, entre otras cosas.
En opinión de Torrent, el hecho de que su nombre se encuentre entre la lista de personas sometidas a la vigilancia de Pegasus es una "prueba fehaciente" de que en España existe una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán por vías ilegales.
"Es la primera vez que se acredita de forma concluyente lo que muchos ya sabíamos e íbamos denunciando: en España se practica el espionaje contra adversarios políticos", afirmó.
Según la información publicada, Torrent estuvo bajo la vigilancia de Pegasus en una época en la que tuvo que declarar como investigado ante el Tribunal Supremo de Madrid en el marco de la causa contra varios líderes independentistas por el referéndum ilegal de 2017.
Además, también habrían sido intervenidos los móviles de un miembro del partido independentista Junts per Catalunya y de la exdiputada de otra formación catalana, la Candidatura de Unitat Popular, Anna Gabriel, que en 2018 huyó a Suiza para eludir a la justicia.
"Hay que investigar los hechos y depurar responsabilidades", manifestó el líder catalán.
La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, fue preguntada por este asunto en una rueda de prensa en la que negó que desde el Palacio de la Moncloa se tuviera constancia de este presunto espionaje.
Más allá de esta afirmación, la portavoz gubernamental se negó a ofrecer más valoraciones sobre lo sucedido, pero animó a Torrent a recurrir a la justicia para esclarecer los hechos, destacando que Moncloa respetará "todas las actuaciones judiciales que se deriven de esto".
