"Es importante tomar en cuenta que la instauración de retenes sin una vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos, puede convertirlos en puntos de injerencia de otros grupos que atenten contra la seguridad de las personas", indica el informe de 24 páginas.
La cartera federal de Gobernación, encargada de la política interior, ha optado por evitar la imposición obligatoria de restricciones al libre tránsito o medidas obligatorias de confinamiento, y junto con la secretaria de Salud Pública se limita a emitir "recomendaciones" a los ciudadanos, como la "sana distancia", que el 1 de junio abrió paso a la llamada "nueva normalidad", con un semáforo sanitario.
El capítulo titulado "Cierre de fronteras, camino y carreteras, toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito", indica los lugares donde han ocurrido episodios.
El informe federal advierte a los gobiernos locales que "los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito".
En ese marco, organizaciones criminales han aprovechado la contingencia para imponer "medidas restrictivas", en al menos cuatro de los 32 estados de la República, asolados por la violencia: Guerrero (sur), Veracruz, (sureste), Sinaloa (noroeste) y Nayarit (oeste).
Acciones ilegales
En el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus, en esas cuatro entidades, donde operan los tres principales carteles (de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo de México), el informe reseña "toques de queda, amenazas a médicos y cobro de impuestos".
Por ejemplo, en el sureño y montañosos estado de Guerrero, dos ciudades, Iguala y Petatlán, personal médico fue agredido y fueron impuestos "toques de queda".
En el norteño Sinaloa, cuna del cartel fundado por Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', quien purga cadena perpetua en EEUU, la capital provincial Culiacán y la costera ciudad de Los Mochis sufrieron ataques de esa antigua y diezmada organización criminal.
En el sureste, el puerto industrial veracruzano de Tuxpan, en el Golfo de México, sufrió el ataque de un pequeño grupo local, autodenominado "Sombra", que obligó a la población a permanecen en sus casas.
La subsecretaría federal de Derechos Humanos, Población y Migración, ha monitoreado durante la contingencia sanitaria las acciones de control que la federación, estados y municipios han implementado para atender la pandemia.
El informe indica que la Ciudad de México, los estados y municipios "no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios".
Incluso si se argumentara que la acciones de control de la población pudieran tener competencia legal, "estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad", advierte el Gobierno federal a las autoridades locales.
López Obrador ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a las medidas obligatorias de confinamiento, como las dictadas en otros países, y ha optado por una campaña permanente de persuasión.
México registra más de 28.500 muertes por COVID-19 y casi 290.00 contagios confirmados desde que comenzó la pandemia con el primer caso el 28 de febrero de este año.
