"Estamos realizando, este momento, alrededor de 250 auditorías que tienen que ver con contrataciones que se han dado en el periodo de emergencia (…) Existen, en este momento, alrededor de 30 informes con indicios de responsabilidad penal, dijo Pablo Celi, titular de la Contraloría General de Ecuador, a la cadena televisiva Ecuavisa.
Precisó que esas auditorías tienen que ver con contrataciones realizadas por parte de hospitales del sistema de salud pública y de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como por los gobiernos provinciales y municipales.
Desde mediados de marzo rige en Ecuador el estado de emergencia decretado por el Presidente Lenín Moreno para frenar la expansión del COVID-19 en ese país.
Esa figura legal permite a las instituciones del sector público realizar contratos sin licitación ni concurso previo de ofertas.
Actualmente, la Fiscalía de Ecuador investiga decenas de contratos con presuntos sobreprecios de fundas para cadáveres, mascarillas, pruebas para detectar coronavirus, insumos y equipos médicos, por parte de hospitales y de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales.
La Fiscalía, incluso, creó una Fuerza de Tarea multidisciplinaria, con participación de la Policía Nacional, exclusivamente para investigar esas denuncias.
