Nema Grefa vive en Atatakuinjia, una de las 26 comunidades de la nacionalidad sápara, asentada en la selva de la provincia amazónica ecuatoriana de Pastaza. A esa comunidad solo se puede llegar en avioneta, porque no hay caminos.
Grefa, presidenta de la nacionalidad sápara, y su esposo, un maestro y también dirigente de la comunidad, realizaban varias actividades en Puyo, capital de Pastaza, pero al saber del avance de la pandemia ella pensó en que si la enfermedad afectaba a su hija de 16 años la podía perder porque padece una discapacidad. Por eso dejó todo y volvió a la comunidad.
Aislamiento
Pese al avance de la pandemia, los sáparas no registran un solo caso de COVID-19. ¿Cómo lo lograron? Aislándose, impidiendo la salida de sus pobladores a la ciudad. Muchos de quienes estaban en la ciudad apenas supieron del virus volvieron a sus chacras.
Como parte de su lucha por mantenerse libres de la pandemia, el lunes el Consejo de Gobierno de la Nación Sápara (NASE) anunció su decisión de prohibir el ingreso de personas ajenas a territorios de sus 26 comunidades.
"Queda terminantemente prohibido, hasta nueva orden, el ingreso y reingreso de personas a territorio sápara. (…) Somos la única nacionalidad indígena que no registra hasta el momento casos confirmados de COVID-19", dijo Grefa a Sputnik.
Desde el lunes, quienes deseen ingresar a territorio sápara necesitarán autorización del NASE y deberán presentar una prueba de COVID-19 que evidencie que no son portadores del virus.
Los vuelos a territorio sápara deberán realizarse exclusivamente con fines de ayuda humanitaria.
Las 26 comunidades sápara se mantendrán en semáforo rojo y habrá un continuo monitoreo de la evolución de la pandemia en la ciudad de Puyo, capital de Pastaza y en toda la provincia, para cambiar el color de semáforo solo si la situación lo permitiera.
Según datos de la dirigencia indígena de la Amazonía, solo entre el 1 y el 30 de mayo los casos confirmados en la provincia de Pastaza pasaron de 50 a 282. Es decir, se quintuplicaron en menos de 30 días. De ese total, se estima que unos 65 casos corresponden a miembros de comunidades indígenas.
