"En los últimos 15 días, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3.000 que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado "Transparencia por la emergencia". Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país", indicó la Fiscalía en un reporte conjunto con la Contraloría General de la República y con la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público).
"A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento (prisión) de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen", señaló la Fiscalía, que resaltó que tales funcionarios, entre quienes se encuentran alcaldes y gobernadores, han afectado los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
Por su parte, el procurador General, Fernando Carrillo, denunció que el Ministerio Público descubrió que se entregaron contratos para la atención del COVID-19 a financiadores de campañas políticas, quienes con tales acuerdos "recibieron por lo menos diez veces lo que aportaron".
A su turno, la Procuraduría informó que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el gobernador del departamento del Tolima (centro-oeste), José Ricardo Orozco Valero, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos (591.000 dólares).
El funcionario es investigado por presuntos sobrecostos en dos contratos para suministrar kits de alimentos y de aseo y por contratar una intermediación que era innecesaria para divulgar campañas sobre el coronavirus.
Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelados este miércoles, señalan que en el mundo existen 8.061.550 casos confirmados de contagio y 440.290 muertos por COVID-19, enfermedad respiratoria que deriva en neumonía y cuyo foco inició en diciembre pasado en la ciudad china de Wuhan.
