En países como Ecuador, Paraguay, México y Colombia fueron reportadas irregularidades y casos de corrupción entre marzo y abril en procesos de adquisición de ventiladores respiratorios, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos médicos para hacerle frente a la propagación del COVID-19.
Insumos médicos que aumentaron hasta 9.000% su precio, ventiladores que triplicaron su costo habitual, alcohol cobrado como si fuera oro y barbijos que cuadruplican su valor son algunos de los ejemplos de este 'nuevo Odebrecht', tal como lo denominan algunos analistas.
"Semana a semana se han denunciado casos de absoluta corrupción sobre la base de funcionarios y empresas privadas que ha estado en coordinación para estafar al propio Estado y a la sociedad con sobreprecios escandalosos. Distintos sectores corruptos han aprovechado la pandemia para hacer los negocios de su vida", dijo a Sputnik el politólogo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y exvicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
Por su parte, el antropólogo y exdiputado español Sergio Pascual, miembro del consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señaló que, según estimaciones, los estados de la región vienen invirtiendo en total unos 177.000 millones de dólares en lo que va de esta pandemia y, mientras tanto, ya hay múltiples denuncias de que un barbijo que cuesta un dólar se está vendiendo a cuatro.
En tanto, la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, aseguró el 9 de diciembre que la corrupción se ha vuelto endémica en América Latina porque impregna la cultura y la vida cotidiana y causa pérdidas para la economía, el desarrollo y hasta los derechos de las personas.
Ecuador
En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son constantes las denuncias de casos de supuestos sobreprecios en compras, por parte de instituciones públicas, de fundas para embalar cadáveres, mascarillas de protección y kits de alimentos, entre otros insumos necesarios para combatir la pandemia, a tal punto que la Fiscal Diana Salazar creó una Fuerza multidisciplinaria encargada exclusivamente de realizar investigaciones sobre este tema.
El 4 de junio, la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada, en la compra de insumos médicos y otros materiales durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Entre los detenidos en Guayaquil figuran el expresidente Abdalá Bucaram (2006-2007), Carlos Luis Morales, prefecto provincial de Guayas, y Luis Zunino, exgerente del Hospital del IESS de esa ciudad costera.
Paraguay
En los últimos meses se ha denunciado también irregularidades en la compra de insumos médicos en Paraguay.
La adquisición de artículos y camas en el marco de la lucha contra el COVID-19, que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de irregularidades en todas sus etapas, según un informe de Contraloría.
El contrato fue por 80.000 millones de guaraníes (12.069.120 de dólares) para las dos empresas y se realizó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes (2.564.688 de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.
Ese pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.
México
El 17 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social compró un equipo respiratorio con la compañía Cyber Robotic Solutions.
Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la luz que se trataba también de la compra de 20 más, por más de un millón de dólares.
El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social devolvió los 20 ventiladores.
Colombia
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana se vio obligada a hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emergencia sanitaria en varios departamentos del país a los que se consideraba de mayor "riesgo de corrupción".
La Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Putumayo (sur), Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la "vulneración al principio de planeación".
En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción.
