Argentina sigue pendiente de una de las más importantes acciones tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández desde su llegada a la presidencia, en diciembre de 2019. La estatización del Grupo Vicentin, una de las mayores agroexportadoras del país, sigue generando repercusiones y acaloradas discusiones, incluido un cacerolazo realizado la noche del 10 de junio, las críticas de la oposición y de algunas figuras del peronismo, el movimiento político del oficialismo.
"Hemos descubierto sociedades offshore en Uruguay y Panamá, un flujo de fondos que no condice con la situación de Vicentin y una sociedad panameña que fue vehículo de captación de préstamos internacionales que no estaba declarada en el concurso preventivo", aseguró a Sputnik Mariano Moyano, abogado de compañías financieras acreedoras de Vicentin radicadas en el extranjero y especialista en rastreo de activos en jurisdicciones internacionales.
"La intervención judicial me parece una medida sana. El concurso preventivo no iba a ser la solución porque era un proceso que se iba a demorar mucho por cuestiones de fuerza mayor y porque no observábamos de parte de los directivos ninguna propuesta concreta. Incluso antes de la declaración de 'estrés financiero', hubo maniobras de ocultamiento de activos que no condicen con una voluntad de solucionar el problema con los acreedores", dijo Moyano.
El abogado negó que exista una grieta real entre intervencionismo y capitalismo moderno, entre estatización y libre mercado, como se instaló en el debate público frente a la decisión del Poder Ejecutivo.
"Si uno analiza la situación económica y los antecedentes de intervención, no solo en Argentina, sino en países con economías liberales, no existe eso. El Estado siempre interviene cuando son cuestiones estratégicas. Hay distintas forma de intervención en la economía privada, no creo que haya que ideologizar, la solución tiene que ser pragmática", argumentó.
Apoyo de los trabajadores a la intervención
Los gremios del rubro y las principales organizaciones de trabajadores defendieron la decisión del Gobierno por argumentar como prioritario la protección de las fuentes de trabajo.
Monzón dijo que los operarios están contentos con la intervención estatal porque les ofrece una seguridad que la empresa no estaba pudiendo dar. Además, aseguró que su principal preocupación es mantener los puestos de todos los trabajadores, incluidos aquellos del sector administrativo de la compañía que se manifestaron preocupados por la posibilidad de una expropiación.
En la localidad de Avellaneda hubo movilizaciones de vecinos, directivos, algunos empleados y familiares en rechazo a la idea de nacionalización, aunque no necesariamente a la intervención siempre y cuando esta devenga en un rescate financiero y no en una toma de control estatal.
El presidente de Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, aseguró en entrevista radial que esperaba que se encontrara una posición intermedia, con el principal objetivo de que quien se hiciera cargo del asunto salde las deudas de la empresa con sus proveedores.
Una nueva grieta
La firma tiene 2.368 acreedores, que incluye bancos públicos y privados e inversores financieros tanto locales como extranjeros, así como numerosos pequeños productores y cooperativas de granos y cereales que eran proveedores, a los que la empresa dejó de pagar en diciembre de 2019, cuando se declaró en default alegando "estrés financiero".
En la provincia de Santa Fe se radican 1.202 del total de los 2.368 acreedores (46%), en la de Córdoba hay 526 (20%) y en Buenos Aires, incluida la capital nacional, 593 (22%). También se encuentran en otros distritos nacionales, así como en países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
El principal acreedor es el Banco Nación, cuya gestión anterior durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) está siendo también investigada por la Justicia federal por autorizar inexplicablemente préstamos por un 260 millones de dólares, cuando la compañía ya se mostraba morosa y con indicios de insolvencia.
Si bien era de esperarse el rechazo de la oposición y de sectores tradicionalmente alejados del oficialismo, como las principales entidades rurales y buena parte del empresariado, también le valió algunas críticas dentro del peronismo, el polifacético movimiento político que integra el oficialismo.
El excandidato del peronismo alternativo Roberto Lavagna, otrora mentor y referente económico del presidente, así como el analista político de pasado peronista Jorge Asís y el expresidente Eduardo Duhalde (2003-2003) hicieron públicas sus advertencias por las posibles consecuencias económicas y políticas de la medida.
