La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, días después de denunciar por espionaje ilegal al expresidente Mauricio Macri (2015-2109) y a la cúpula de este organismo durante su gestión, volvió a apuntar sobre el accionar de sus antecesores al revelar nuevas pruebas en su contra.
Por un lado, la AFI publicó documentación que reveló que los servicios de Inteligencia y Seguridad realizaron informes detallados con información confidencial y personal sobre integrantes de organismos no gubernamentales, académicos y referentes sociales en el contexto de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organizada en el país a fines de 2017.
Académica especializada en economía política internacional y participante de organizaciones y movimientos políticos internacionales que promueven un sistema económico y financiero global más justo, Ghiotto fue señalada como referente altermundista y opositora a la OMC y el G20, según el expediente que se confeccionó sobre su persona, y denegada de participar.
"Estamos evaluando llevar adelante acciones legales porque han mancillado mi nombre, han generado una carpeta con datos personales privados y públicos míos para poder ser utilizados en mi contra y por cuestiones netamente políticas, lo cual es una práctica peligrosa y que no puede ser permitida en democracia", enfatizó.
En este caso, el espionaje sobre estas personas incluyó fichas con datos personales como propiedades, vehículos y sociedades a sus nombres, cuentas de correo y bancarias y vinculaciones de parentesco.
URGENTE Y GRAVE!
— Leandro Morgenfeld (@leandromorgen) June 7, 2020
Solicitamos difusión de nuestra Declaración
Rechazamos el espionaje ilegal contra referentes sociales, académicos, periodistas y activistas que nos movilizamos contra las agendas neoliberales de la OMC, el G20 y los TLC pic.twitter.com/YnCVgtSVRy
Espías infiltrados y periodistas fichados
En segundo lugar, la AFI delató el uso de agentes infiltrados en plenarios públicos organizados por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que forma parte del Frente de Izquierda-Unidad, para manifestar el repudio a la cumbre comercial y las políticas económicas neoliberales profundizadas por el Gobierno de Macri.
Es muy grave el espionaje de la AFI bajo el gobierno de Macri del que también fue víctima nuestro partido. Desde @PTSarg y el @Fte_Izquierda queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias. No se puede naturalizar, no podemos permitir la impunidad.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 7, 2020
En paralelo, se hizo pública una polémica lista de más de 400 periodistas, empresarios y académicos que solicitaron acreditación para la cumbre mundial de líderes del G20, realizada en diciembre de 2018 en Buenos Aires, confeccionada por el Ministerio de Seguridad y encontrada en una caja fuerte de quien fuera director operativo de Contrainteligencia de la AFI durante la Administración pasada.
Los integrantes del listado fueron clasificados según su orientación ideológica y grado de cercanía al oficialismo basándose en el tono de sus trabajos, el medio que representaban y las publicaciones y afinidades que demostraban en sus redes sociales. La ficha les adjudica uno de los colores del semáforo (verde, amarillo o rojo) para identificar el grado de simpatía.
No sólo hubo espionaje ilegal, sino que Gustavo Arribas mintió al decir que la AFI no había participado de la admisión de personas para la cumbre de la OMC, por ejemplo. Esto fue validado por autoridades administrativas y judiciales. El tema está en la @CorteSupremaAR pic.twitter.com/Os1j7rSI51
— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) June 7, 2020
El presunto espionaje ilegal de la AFI macrista fue denunciado por los medios nacionales e internacionales y la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina (Acera) reclamó a la Justicia que investigue a fondo.
La denuncia de la AFI inculpa, además de a la cúpula de este mismo organismo durante la gestión anterior, a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy presidenta del partido político Pro, fundado por el expresidente Macri y principal fuerza de oposición actual.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que ninguno de sus organismos puede "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
La pista narco
La revelación se suma a la denuncia de espionaje ilegal que llevan adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Jorge Di Lello, quienes ya ordenaron realizar un peritaje sobre un disco rígido encontrado en la AFI que presuntamente albergaba correos electrónicos de más de 80 personalidades mediáticas, políticas y empresariales, que habrían sido obtenidos de forma ilícita durante la gestión anterior.
El abogado en cuestión está detenido y en su celular se descubrieron archivos con información sobre aparentes investigaciones ilegales a personalidades como los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y Eduardo Duhalde (200-2003), los actuales jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, entre otros dirigentes de todo el arco político, además de referentes gremiales, clericales y periodísticos.
Yendo a Lomas. pic.twitter.com/ARTmLXtZCR
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 8, 2020
La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue citada el 8 de junio por el juez que lleva adelante la causa, quien le presentó la información recabada sobre su persona. El jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición a nivel nacional, fue citado para el 9 de junio.
En proceso de investigación se encuentran además las escuchas ilegales que se habrían realizado en la cárcel de Ezeiza, denuncia que está en manos de la Justicia federal. Se acusa a los servicios de Seguridad de intervenir teléfonos e implantar micrófonos en celdas y salas donde se reunían con sus abogados exfuncionarios y empresarios procesados con prisión preventiva durante el Gobierno de Macri.
