"Tiene que venir un acuerdo político para generar una renovación parcial del CNE que sea confiable para todas las partes, en esa misma medida podrán involucrarse todos los actores en el próximo proceso electoral, que es el de la Asamblea Nacional, además se podrá generar la idea de la confianza en todo el seno de la población y en el sector que no confía en el CNE", expresó Ortiz.
El 5 de junio, el TSJ declaró la omisión legislativa de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora) para la designación de un nuevo CNE, luego que un grupo de representantes de la oposición solicitó al máximo tribunal del país realizará el nombramiento de los nuevos rectores ante la falta de consenso en el parlamento.
Sin embargo, el TSJ se basó en el artículo 336 de la Carta Magna que dispone que la Sala Constitucional del TSJ debe "declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal, estadual o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección".
"Creo que ahí está el problema, no es solo el tema del lapso sino también de la imposibilidad de un acuerdo político, si tú separas estos dos lotes y sacas a la representación del Gobierno nacional en la Asamblea Nacional no hay dos tercios de la cámara para hacer una elección", sostuvo.
El especialista consideró que la oposición le urge definir una ruta, debido a que seguramente habrá un sector que desee participar en las elecciones parlamentarias previstas para este año en esa nación sudamericana.
"Creo que los actores políticos, en este caso la oposición, deben decidir una ruta muy clara, hay una división entre ellos y eso tendrá una expresión en quienes le siguen. Habrá sectores que van a querer participar con este nuevo CNE en las elecciones de la AN y habrá sectores que van a seguir encasillados en la ruta del cambio de régimen político por la fuerza", sostuvo.
La designación de un nuevo Consejo Electoral forma parte de uno de los seis puntos del acuerdo que firmaron el pasado 16 de septiembre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición, cuando instalaron en Caracas la denominada mesa de diálogo nacional.
Las reuniones del comité fueron suspendidas en marzo pasado por la cuarentena de la pandemia de COVID-19 y hasta la fecha no habían retomado los encuentros para acelerar el nombramiento del CNE.
El politólogo manifestó que la decisión que tomó el TSJ de declarar la omisión legislativa también podría formar parte de las negociaciones que existen entre el Gobierno y un sector de la oposición.
"No es de extrañar que eso tenga que ver con el tipo de negociación que se esté dando entre actores de la Revolución Bolivariana y de la oposición, lo que habría que ver es qué actores de la oposición puedan estar, si solo están los de la mesa de diálogo o si hay actores del G4 (grupo de partidos políticos que apoyan al opositor Juan Guaidó), porque ahí ha habido severos cuestionamientos a partir de los últimos sucesos en Venezuela", acotó.
El TSJ ha declarado la omisión legislativa del parlamento en cuatro ocasiones y ha nombrado a los rectores del CNE en los años 2003, 2005, 2014 y 2016.
De acuerdo con los períodos establecidos en la Constitución venezolana las parlamentarias deberían realizarse a finales de 2020.