"Hemos presentado esta denuncia por corrupción contra el ministro del terror (Gobierno) Arturo Murillo y su testaferro ministro (de Defensa, Fernando) López, porque le está haciendo su trabajo sucio", dijo a reporteros Franklin Flores, uno de los siete legisladores masistas que firmaron la demanda.
El caso saltó el pasado fin de semana, a partir de una denuncia de prensa que presentó documentos de la compra de gases lacrimógenos realizada en diciembre pasado, menos de un mes después de que se instalara el actual Gobierno transitorio.
Los documentos mostraron que el Gobierno de Bolivia pagó más del doble que los de Venezuela y Ecuador, al mismo proveedor extranjero y otros similares, por iguales productos.
Como agravante, la denuncia del periodista Junior Arias de la red Gigavisión añadió que el proveedor era amigo del jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno y además hijo de un ciudadano estadounidense que hasta 2013 figuraba en registros locales como prófugo de la justicia por un caso de tráfico de armas en 2001.
"Esta denuncia es también un respaldo a la valiente labor periodística del señor Junior Arias y todo el equipo de Gigavisión y todos los periodistas que han estado haciendo seguimiento", dijo el diputado Flores.
La actitud del Gobierno ante la denuncia periodística fue calificada a como atropello a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información por la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.
Las asociaciones bolivianas de periodistas y de propietarios de medios no se han pronunciado sobre el caso.
