"La Fiscalía General del Estado (FGE) mira con profunda preocupación las últimas decisiones de los organismos jurisdiccionales", dijo la Fiscal Diana Salazar en un comunicado, al referirse a las decisiones de los jueces en torno a Bucaram y Morales.
"Hoy más que nunca las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad", destacó la Fiscal Salazar.
En la madrugada del miércoles 3, un operativo combinado de la Fiscalía y la Policía terminó con la detención de Bucaram y Morales, pero los jueces dispusieron que el expresidente cumpliera arresto domiciliario y el prefecto del Guayas portara un grillete, pese al pedido de la Fiscalía de que se dicte prisión preventiva.
En declaraciones a la cadena televisiva Ecuavisa la Fiscal criticó que Bucaram y Morales haya estado detenidos menos de 24 horas.
"¿Querían las cabezas? Ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad sino para que respondan ante la justicia.", dijo Salazar.
En el caso de Abdalá Bucaram, el juez dictó arresto domiciliario por 30 días, como medida alternativa porque tiene 68 años de edad, tres más del límite fijado por el Código Penal ecuatoriano para ordenar la privación de libertad de los ciudadanos.
En tanto el prefecto de Guayas recibió medidas sustitutivas como prohibición de salir del país, presentarse periódicamente ante la autoridad y usar un grillete electrónico.
Salazar añadió que a la Fiscalía no le temblará la mano y presentará los casos ante los jueces, independientemente de quienes sean sus actores.
La Fiscal también hizo un llamado a todos los organismos que integran el sistema de justicia para que, en el marco de sus competencias y del debido proceso, asuman con entereza y contundencia el compromiso de luchar contra la impunidad.
La representantes de la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada, en la compra de insumos médicos y otros materiales durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Entre otros, fueron detenidos Bucaram y Morales, prefecto provincial de Guayas.
