La reducción de unos seis millones de dólares del presupuesto operativo de la CEAV, como resultado de medidas de austeridad gubernamental señaladas en un decreto presidencial del 23 de abril pasado, refleja "la falta de articulación de las instituciones que conforman al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV)", indica el posicionamiento conjunto de reconocidos organismos independientes.
La CEAV advirtió que como consecuencia de ese recorte presupuestario "frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento", y que será imposible cumplir con las obligaciones que le impone la Ley General de Víctimas, promulgada en enero 2013, como atender a más de 34.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos registradas ante ese organismo.
La CEAV tampoco podría pagar "gastos inherentes a las actividades de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos".
Los organismos y expertos señalan que en este país existe "un contexto de crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes".
Denuncian que la situación de vulnerabilidad de cientos de miles de víctimas se agudiza, ante lo cual el Gobierno "continúa sin establecer como una prioridad de Estado el tema de la atención a víctimas".
Señalan también la ausencia de "información clara, precisa y actualizada" sobre la situación financiera de la atribulada comisión gubernamental.
Petición al gobierno
Las organizaciones y expertos exhortan a la secretaría de Hacienda del Gobierno federal a que garantice "la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva y otorgue recursos específicos que le permitan cumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas".
Finalmente, exhortan al presidente López Obrador a "convocar a la brevedad al pleno del SNAV para avanzar en "la construcción de una verdadera política integral de atención a víctimas y cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano".
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el mayor obstáculo para atender a víctimas de la violencia delincuencial y abusos de autoridades en México es la falta de coordinación y articulación de las instituciones que conforman al SNAV.
Los firmantes denuncian, finalmente, el paradigma adoptado por la CEAV en la actual administración, "que aparenta una estrategia para defender los intereses del Estado, alejándose de su máximo objetivo que es el de atender, defender y reparara las víctimas, en condiciones de dignidad".
El principal responsable de la finanzas públicas señaló en su cuenta de Twitter que "el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos" en el cual se inscribe la CEAV .
Las seis organizaciones firmantes son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico, el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, la Red Nacional Contra la Tortura, el Colectivo Liquidámbar, y el Grupo de Sobrevivientes de Tortura y Familiares, además de decenas de especialistas defensores de víctimas de abuso.
