La CEAV informó la tarde del martes, 2 de junio, que el decreto del Ejecutivo que establece medidas de austeridad para dependencias y entidades del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 23 de abril, contiene un recorte de casi 140 millones de pesos, que "frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento".
Una fuente del organismo que trabaja en atención a víctimas dijo a Sputnik, bajo reserva de su identidad, que "ese recorte del gasto público, ante la contingencia presupuestal por la pandemia de COVID-19, se suma otra reducción de fondos, aplicada en el presupuesto 2020 asignado por la secretaría de Hacienda, en el marco de la políticas de austeridad republicana", aprobada por el Congreso federal a finales del año pasado.
Entre las principales consecuencias del recorte al gasto es que "perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, con todos los datos personales de más de 34.215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras", informó la CEAV en un comunicado.
El principal responsable de la finanzas públicas señaló en su cuenta de Twitter que "el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos" en el cual se inscribe la CEAV .
Respecto al tema del @CEAVmex, el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos. Antier tuve la oportunidad de platicarlo con @M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad.
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 3, 2020
El titular de Hacienda afirmó que la ciencia, la educación superior pública, la cultura y los derechos humanos "son centrales para el desarrollo del país".
Compromiso presidencial
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sus políticas de "austeridad republicana", criticó la creación de muchas instituciones en gobiernos anteriores, y garantizó los fondos para atender a familias de víctimas de delitos, sobre todo de la violencia delincuencial.
"Jamás le va a faltar nada a las víctimas, ni a quien lo necesita", manifestó el jefe del Ejecutivo a periodistas.
Criticó la "poca sensibilidad" de funcionarios públicos inconformes con los recortes al presupuesto; pero confirmó el decreto para eliminar fondos de la CEAV, destinados a "gastos de operación y asuntos generales".
Detalló que esta medida solo afecta el 75% del presupuesto del organismo, y "queda un 25%".
El mandatario estima que, con la cuarta parte que resta, la CEAV podría operar dos meses, y en agosto se presentaría una nueva situación, que no explicó.
El gobernante defiende la desaparición de 44 fideicomisos y cuatro fondos públicos, algunos destinados a la investigación científica y las artes, para encarar la crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19.
"Ya están protestando, se quedaron muy mal acostumbrados del tiempo del neoliberalismo, cuando todo era ejercer presupuesto sin considerar la austeridad", replicó.
Otra iniciativa del partido gobernante propone al Congreso eliminar otros fideicomisos que se salvaron de un reciente decreto presidencial, que suprimió todas las instituciones constituidas por acuerdos o decretos del Ejecutivo, por 740.000 millones de pesos (más de 30.000 millones de dólares).
López Obrador es partidario de la entrega directa a los beneficiarios de su Gobierno, sin mediación institucional, con cheques directos firmados por la Tesorería de la Federación.
La fuente de la CEAV consultada dijo a Sputnik que "hay incertidumbre, porque el Gobierno no ha explicado cómo va a remplazar decenas de instancias en muchas áreas de la administración federal, pero su prioridad son los programas sociales a sectores populares y más de tres millones de microcréditos".
Pero el 6 de mayo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial federal impuso al Instituto Mexicano del Seguro Social medidas cautelares, por promocionar al presidente López Obrador con los microcréditos.
Tras una querella de partidos opositores, la corte electoral prohibió la "promoción personalizada" o proselitismo del mandatario, a través de cartas firmadas que acompañaban la ayuda financiera a microempresas familiares.
