"En ciertos países de la región esta situación incluso ha provocado una vulneración del derecho de acceso a la información de la ciudadanía, derecho llave para conservar la salud, la seguridad y la integridad física de las personas, así como conocer otros derechos", dice el documento.
El documento es una propuesta inicial que busca detonar la discusión regional para integrar reflexiones y aportes a un documento final de directrices que sirva de referencia para la región.
"Esta propuesta se realizó tomando como base buenas prácticas de la región, e insumos creados por organizaciones y redes expertas en transparencia y acceso a la información, entre otros", explican las organizaciones dedicadas a la libertad de expresión, transparencia y derecho a la información.
El punto de partida fundamental para la elaboración de este trabajo fueron las recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales que detallamos a continuación.
Aquel documento señala que "la salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria".
También depende del fácil acceso a información precisa y oportuna sobre "la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad", indicaba la declaración que inspira el decálogo.
El decálogo y los firmantes
En el punto tercero de esta declaratoria, los expertos instan "a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma".
Sin embargo, advertía que estas medidas deben sujetarse a la estricta observancia de salud pública, y "estar acotadas temporalmente, tener objetivos definidos, además de ser estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido".
Asimismo, los Estados no pueden suprimir o prohibir los derechos y las libertades de manera genérica.
"En especial, no deben limitar la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones y liderazgos sociales o políticos", alertaba el texto.
La comisión advierte de "posibles limitaciones indebidas o violaciones de derechos" derivadas de diversas medidas en el marco de las contingencias.
Los Estados están obligados a informar "en forma completa, permanente y veraz" sobre la evolución epidemiológica de la pandemia y las medidas que adoptan para combatirla.
También deben emitir directivas precisas dirigidas a prestadores de servicios de salud, para preservar la privacidad de las personas afectadas.
En especial, las personas con liderazgo político tienen una alta responsabilidad de "no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público".
El documento fue elaborado a partir de foros virtuales organizados por el centro mexicano de análisis e investigación Fundar, con el apoyo y coordinación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
La lista de promotores incluye a dos organizaciones de Uruguay: el Instituto de Comunicación y Desarrollo y la Red de Gobierno Abierto.
Finalmente, firman la Iniciativa Global para la Transparencia Presupuestaria; la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, la Iniciativa Regional Rendir Cuentas; y cuatro organizaciones mexicanas: Poder; Artículo 19 (México y Centroamérica); Equis Justicia; e Iniciativa Sinaloa.
