El decreto firmado por el presidente de Colombia Iván Duque, con el que país ingresó en cuarentena obligatoria el 25 de marzo pasado, estableció una lista de 34 excepciones por las que los ciudadanos colombianos podían salir de sus casas. En resumen, desde ese día los ciudadanos solo pudieron circular para recibir asistencia médica, comprar alimentos, cuidar niños o ancianos o recibir algunos servicios financieros y legales.
Para el resto, la circulación en espacios públicos pasó a estar prohibida bajo el artículo 368 del Código Penal de ese país sudamericano, que tipifica el delito de violación de medidas sanitarias. Blandiendo este artículo, el Gobierno colombiano adelantó a sus ciudadanos que quienes incumplieran la cuarentena podrían afrontar entre cuatro y y ocho de prisión.
A pesar del énfasis puesto por Duque —que tras aquel anuncio inicial postergó el régimen de cuarentena en varias ocasiones, el último de ellos hasta el 31 de mayo— la Policía Nacional colombiana ya lleva más de 450 personas detenidas por violar la reglamentación en todo el país. Los encuentros con bebidas alcohólicas y las fiestas sexuales parecen ser la actividad preferida entre quienes desafiaron el riesgo de propagar el COVID-19.
Dos días antes, la Policía informó la detención de otras 14 personas en una discoteca de la misma ciudad. En esa oportunidad fueron nueve hombres y cinco mujeres de entre 18 y 31 años.
La Policía colombiana tomó a tal punto la tareas de perseguir a los violadores de la cuarentena que en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, se conformó un grupo especial de cazainfractores de la medida sanitaria, con la participación de la Alcaldía de la ciudad. Fue ese grupo el que descubrió en abril dos moteles que continuaban operando de forma clandestina, encontrando 19 personas en uno y 13 en otro. En mayo, 38 personas fueron atrapadas en otro motel.
Las autoridades caleñas no escatimaron en dar visibilidad a estos operativos. El 13 de mayo, la Alcaldía de Cali difundió a través de redes sociales el vídeo de un operativo en el que el grupo especial detuvo a 20 hombres que se encontraban en una vivienda. Según las autoridades, se trataba de un encuentro sexual que había sido coordinado a través de whatsapp y en el que también había juguetes sexuales, bebidas alcohólicas y estupefacientes. Para ingresar, los participantes tenían que pagar una entrada de 10.000 pesos colombianos (2,62 dólares). Luego del operativo, el gobierno caleño informó que uno de los detenidos tendría COVID-19.
La resistencia de la población a la cuarentena parece haberse vuelto un problema para Cali, cuyas autoridades debieron cancelar unas 21 fiestas privadas el fin de semana del 16 y 17 de mayo. El fin de semana anterior, las autoridades habían tomado intervención en 700 reuniones sociales en casas particulares, según consigna la revista Semana.
La acumulación de detenidos por violar las cuarentenas obligatorias no es un problema exclusivo de Colombia. En Argentina, por ejemplo, la Policía Federal cerró el mes de abril con más de 62.000 detenidos, consignó el diario Perfil. Al igual que en Colombia, la operación clandestina de algunos moteles tuvo en vilo a la Policía.
En Perú, otro país con firmes restricciones a la circulación desde marzo, también se habían superado los 55.000 detenidos a mediados del cuarto mes del año. El presidente peruano, Martín Vizcarra, llegó a reconocer que hubo jornadas de 3.000 detenidos en un solo día por no respetar la cuarentena.
