Pandemia y salud mental, ¿qué pasa con los manicomios en Uruguay?

"La situación del Vilardebó es históricamente deplorable, pero la pandemia desbordó toda capacidad que podía tener en el mejor de los casos para tratar de ayudar a alguien", explicó a Sputnik Miguel Scapusio, integrante del Servicio Paz y Justicia de Uruguay y del Frente Antimanicomial, un espacio político de articulación y defensa de los Derechos Humanos conformado por organizaciones sociales, colectivos y personas.

En 2017 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Salud Mental, que estipuló el cierre de los manicomios para 2025. Desde entonces hasta hoy solo se han reglamentado dos de sus artículos. Aún no se sabe cuándo ni cómo se cerrarán, tampoco qué pasará con las personas que habitan esos lugares.

El hospital psiquiátrico Vilardebó, que se inauguró hace 140 años, es el único en el país destinado a la atención de personas con padecimientos mentales graves, tiene aproximadamente 300 camas. A comienzos de abril se convirtió en un foco de contagio de COVID-19; al menos 60 personas resultaron infectadas.

El subsecretario del Ministerio de Salud, José Luis Satdjian, reconoció que "preocupa mucho la situación", según dijo a Sputnik. También que cree que "se ha hecho un muy buen trabajo de parte de la Administradora de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para controlar el foco y combatirlo desde el primer momento".

El lunes 6 de abril, cuando se identificó el primer caso de COVID-19 en el Vilardebó, ASSE dispuso la cuarentena del hospital: inhabilitó los ingresos y egresos de pacientes y prohibió las visitas. Al menos unas 12 personas que tenían el alta médica fueron obligadas a quedarse en el hospital, de donde pudieron salir recién un mes después.

Ante las medidas, el Frente Antimanicomial, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) aprovecharon la oportunidad para recordarle al nuevo Gobierno que aún se está lejos de cumplir con la ley aprobada en 2017 y que esta sería una buena oportunidad para ampliar la atención a la salud mental en hospitales generales, tanto en el sector público como el privado, y cerrar definitivamente el Vilardebó.

"Pensamos que se está trabajando mal la situación, que se está distorsionando y que se han improvisado una cantidad de medidas que, además de poco eficaces, son medidas que violan los derechos humanos", dijo Scapusio.

Los motivos para cerrar Vilardebó

Las organizaciones y los organismos nacionales que velan por los derechos humanos consideran que aún está vigente la "imperiosa necesidad" de cerrar el manicomio para salvaguardar los derechos humanos de las personas usuarias del hospital y del personal de salud que cumple funciones en dicho hospital.

​"Es muy embromada la situación", dijo Scapusio, quien aseguró que a los pacientes infectados con COVID-19 se suman los muchos casos de pacientes enfermos con VIH, problemas respiratorios graves, problemas articulares importantes, que no reciben la atención que deberían.

"El Vilardebó no tiene un equipo de atención para resolver ese tipo de situaciones, por ende se ha transformado en este momento en un lugar de encierro, una cárcel con la particularidad que nadie delinquió", indicó.

No todo lo que preocupa es la falta de atención médica, sino también las prácticas médicas y de atención que son plausibles de ser consideradas como tortura: tratos crueles, inhumanos o degradantes como las ataduras, encadenamientos, sobremedicación, electroshocks y "otras situaciones frecuentes de violencia institucional y abuso de poder", se lee en el comunicado del Frente.

"Este es un problema de concepciones políticas, de cómo vivir juntos en una sociedad sin estigmatizar las diferencias", concluyó Scapusio.