La derogación decidida en una reunión del gabinete ministerial de la presidenta Jeanine Áñez fue revelada por la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, en un mensaje en la red Twitter en el que reprodujo el aviso oficial de la decisión enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA comunicó a la CIDH que el gobierno de Bolivia deroga la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4231, de 7 de mayo de 2020 y anteriores disposiciones. pic.twitter.com/1yd0cbYiWO
— Isabel Fernandez (@MaisaFernandezS) May 14, 2020
"El Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo 4236, en atención a ciertas inquietudes, respecto a la interpretación de los Decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus, a la luz del respeto a la libertad de expresión, ha procedido a la derogación" de esas disposiciones, dijo la comunicación a la CIDH.
La nota enviada por la representación permanente de Bolivia ante la OEA apuntó que el Estado boliviano "no abandona el compromiso (…) de precautelar los valores fundamentales de seguridad jurídica, orden y salud públicos, en el marco de los derechos humanos y la libertad de expresión".
El Gobierno había defendido las normas contra la "desinformación" con el argumento de que no apuntaban a los periodistas en general sino a activistas de las redes sociales y políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, a quienes acusó de romper la paz social con fines políticos.
El MAS ha negado ser promotor del desacato masivo a la cuarentena, que los medios reportan a diario desde varias ciudades y que en la última semana devinieron en bloqueos de calles en demanda de suspensión de las restricciones de circulación y trabajo.
Las disposiciones anuladas habían provocado duras protestas de propietarios de medios y organizaciones de periodistas de Bolivia.
A ese rechazo se sumó la Defensoría del Pueblo, que interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional.
Desde el extranjero, las normas del Gobierno transitorio fueron rechazadas también por la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el grupo Human Rights Watch.
