Cacho presentó capturas del documento Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas, elaborado en 2009 por el Servicio de Investigación del Congreso, donde se revela que el Gobierno mexicano tenía conocimiento del traslado ilegal de armas desde Estados Unidos.
Aquí tiene usted @m_ebrard la evidencia documentada desde Washington sobre “Rápido y furioso”. El documento oficial de cómo, por qué y para qué @FelipeCalderon pidió dinero para traer armas que cayeron en manos del narco y asesi Aron a miles de inocentes. #MujeresPeriodistas pic.twitter.com/hnzkWFchFY
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2020
La periodista también comentó que las armas de Rápido y Furioso pudieron pasar desde los estados de Texas y Arizona (Estados Unidos) a Chihuahua (México) gracias a los canales de tránsito de materiales ilegales utilizados por las redes del crimen organizado.
Para que las armas de “Rápido y Furioso” pasaran de Texas y Arizona a Chihuahua fue necesario usar los canales de trasiego de materiales ilegales de las redes del Crimen Organizado Trasnacional. Aquí lo que hemos documentado canciller @m_ebrard pic.twitter.com/lvdS2AMIQ4
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2020
Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas es una investigación de Clare Ribando Seelke. En las capturas compartidas por Cacho se puede leer que Estados Unidos estimó que 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México provenían de su país.
Asimismo, aseguró que los cárteles obtenían esas armas de personas legalmente acreditadas para obtenerlas, o bien, de exhibiciones de armas en estados fronterizos, donde eran vendidas a contrabandistas que se encargaban de cruzarlas por la frontera entre Estados Unidos y México.
Como parte del operativo Rápido y Furioso, la ATF envió más de 2.500 armas compradas ilegalmente a México, a las cuales se les colocó un chip para dar seguimiento a su paso por el país. Sin embargo, esas armas habrían sido descubiertas por los narcotraficantes, quienes lograron controlarlas y, finalmente, desaparecer su rastro.
En 2011, tras descubrir que algunas de esas armas fueron utilizadas en crímenes contra agentes estadounidenses, el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, presentó una queja a Washington para descubrir sus intenciones y ejecución. Desde entonces, el expresidente ha defendido que su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujo armas al país.
El 11 de mayo, el Gobierno mexicano solicitó a EEUU a través de un nota diplomática que le proporcione toda la información con respecto al operativo.
