Desde la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Río de Janeiro, uno de los centros más prestigiosos de Latinoamérica, se insiste en la necesidad de que algunos estados apliquen desde ya el llamado lockdown o cierre total de la actividad económica, pero el poder público mira hacia otro lado.
"Sabemos que es una medida muy dolorosa para la vida de las personas y para la economía del país; no estamos felices de tener que defender una propuesta así, pero es una propuesta que tiene como objetivo la defensa de la vida, evitar muertes", explica a Sputnik el coordinador de los laboratorios de referencia de la Fiocruz, Rivaldo Venancio.
Los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro (sureste) son los que acumulan más muertes y más casos confirmados, y fueron de los primeros en aplicar restricciones, a mediados de marzo, pero ahora se resisten a bajar las persianas.
Río de Janeiro está bloqueando algunas calles de los barrios donde se detecta más movimiento, y se plantea mandar clausurar todo el barrio de Copacabana, donde ya murieron 71 personas, pero no la ciudad entera: "Este tipo de medidas paliativas no funciona, algunos países que tomaron medidas paliativas rectificaron y tuvieron que tomar medidas más drásticas", recuerda Venâncio.
La improvisación de Río de Janeiro es extensible a buena parte del país: en el estado de Maranhao fue la justicia la que decretó el lockdown ante la tardanza del gobierno regional, en un movimiento aún hoy cuestionado por especialistas en derecho, por la invasión de competencias; en Amazonas (norte), la Fiscalía también pidió el cierre total, pero la justicia lo rechazó.
En Ceará (noreste) y Pará (norte) el confinamiento radical se aplica a las capitales y su área metropolitana, pero en los barrios de la periferia sigue habiendo aglomeraciones en los mercados callejeros y en el comercio informal.
Otro factor es la ausencia histórica del Estado: en muchos barrios de Río de Janeiro, por ejemplo, que el poder público determine qué puede o no puede funcionar es indiferente, porque quien manda de facto son las bandas de narcotraficantes o las milicias (grupos paramilitares dedicados a la extorsión).
El lunes 11, de hecho, el Ayuntamiento de Río de Janeiro publicó un decreto ordenando que en las favelas cierre todo el comercio a excepción de supermercados y farmacias, pero lo cierto es que esa prohibición ya está en vigor para toda la ciudad desde hace semanas… y no se cumple.
"Hay que tener en cuenta que en Brasil tenemos un auténtico apartheid social", comenta el especialista, recordando que muchos brasileños trabajan durante el día para poder comer por la noche, y que no dejarán de salir a la calle hasta que el Estado les ofrezca recursos y la seguridad suficiente para que lo hagan: "Faltan medidas de protección social y de redistribución de renta", critica.
Todo este caos administrativo se da, en buena parte, por la falta de una directriz clara desde el Gobierno central. El Ejecutivo de Jair Bolsonaro, que desde el principio minimizó la virulencia de la enfermedad, no solo no está coordinando este tipo de acciones, sino que se muestra contrario y presiona para reabrir la economía.
El sábado 9 de mayo, día en que Brasil superó los 10.000 muertos por COVID-19, Bolsonaro bromeó diciendo que iba a cometer un "delito" porque iba a organizar un asado para 30 invitados, y después se le vio paseando en moto acuática por el lago de Brasilia.
"Muchas de esas personas que hoy quieren que reabra la economía puede que cambien de opinión llorando sobre el ataúd de un pariente que morirá de COVID-19, se concienciarán de la forma más cruel y más dura posible", lamentó Venâncio, que asegura que la peor fase de la pandemia en Brasil aún está por llegar.
De momento, según los datos más recientes del Ministerio de Salud, el país cuenta con más de 11.000 fallecidos y más de 162.000 personas infectadas, aunque el número real podría ser entre 10 y 12 veces mayor debido a la elevada subnotificación, como apuntó recientemente un estudio de la Universidad de Sao Paulo (USP).
